El Gobierno cerró este sábado un acuerdo con Esquerra Republicana para que se abstenga en la votación del nuevo estado de alarma. El pacto, a falta de que lo refrende mañana la ejecutiva nacional de los repubicanos, allana el camino a la ampliación pero puede generar problemas para los socialistas con Ciudadanos, que considera incompatible su respaldo al Gobierno si Pedro Sánchez se apoya en Esquerra.
Las negociaciones llevaban abiertas toda la semana y recibieron el impulso definitivo con una conversación este sábado por la mañana entre Sánchez y el líder de ERC y vicepresidente de la Generalitat, Pere Aragonès. Los republicanos reunieron este sábado por la tarde a la comisión permanente de su dirección, que dio el visto bueno a un pacto de seis puntos.
Aunque en un primer momento se había especulado con ello, el acuerdo no incluye la gestión por parte de la Generalitat del Ingreso Mínimo Vital en Cataluña, una competencia que ha obtenido el PNV para los Gobiernos vasco y navarro. El presidente catalán, Quim Torra, la había reclamado y volverá a ponerla este domingo sobre la mesa en la conferencia de presidentes autonómicos.
El Gobierno se compromete a que una vez que se alcance la fase III del plan de desescalada la condición de autoridad competente delegada, que ahora ostenta el Ministerio de Sanidad, pasará a manos de Cataluña, pero también a las del resto de gobiernos autonómicos. Solo quedarán fuera de su órbita las medidas referidas a la libertad de circulación.
Otra demanda de Esquerra que se ha visto satisfecha es que el Gobierno catalán, y asimismo el resto de comunidades, cogestionen el multimillonario fondo europeo de reconstrucción cuando lo apruebe Bruselas.
El Gobierno de Sánchez adquiere también el compromiso, «siempre que sea posible», de suavizar en el futuro las medidas anejas al estado de alarma y a desvincular del mismo las medidas económicas y sociales que se adopten para para superar los efectos de la crisis sanitaria.
El pacto no recoge la recuperación de la mesa de diálogo sobre el conflicto catalán entre el Gobierno y la Generalitat, una de las principales exigencias de Esquerra y que frustró las negociaciones en la anterior prórroga. Los republicanos adjuntaron al acuerdo un comunicado en el que afirman que, aunque no se recoge explícitamente, «el Gobierno español ha expresado su voluntad de volver a reunir la mesa» cuando se entre en la fase de «nueva normalidad».,
Esquerra se abstuvo en las votaciones de las tres primeras prórrogas de la alarma, y lo hizo en contra en las dos últimas. En la sexta, que irá hata el 21 de junio, volverá a la abstención.
Sánchez, sin embargo, se va a encontrar con un problema con Ciudadanos porque los liberales nunca se van a sentar en el mismo barco que los independentistas, como se han encargado de avisar por activa y por pasiva. Su portavoz, Edmundo Bel, fue muy claro en este sentido durante el debate de la anterior ampliación.
La Moncloa daba casi por seguro que mantendría la colaboración de los naranjas, pero eso fue antes de que se conociera el acuerdo con los republicanos. En todo caso, si se produjera una ruptura no tendría consecuencias para que el Congreso diera luz verde a la nueva prórroga tanto si los diez diputados de Ciudadanos se abstuvieran como si votaran en contra. En el primer caso, engordarían las filas del voto en blanco y no alterarían el sentido de la votación. En el segundo, su negativa no sería suficiente para tumbar la renovación porque sus diez votos no cubrirían el hueco de los doce republicanos que votaron no.
El pacto de los socialistas con Esquerra puede tener además un efecto colateral con JxCat, partido también contrario a que se amplíe el estado de alarma. Algunas demandas de Torra para cambiar de postura forman parte del paquete acordado. Falta por saber si será suficiente para vencer los atávicos recelos de JxCat hacia ERC.
El PNV votará a favor de la sexta prórroga del estado de alarma que el Gobierno planteará el próximo miércoles en el Congreso de los Diputados, según el acuerdo suscrito a última hora de este sábado con el Ejecutivo. En dicho acuerdo se establece que la autoridad competente delegada para la adopción y ejecución de medidas en la tercera fase del plan de desescalada de la pandemia de la Covid-19 será exclusivamente del presidente de la comunidad autónoma.
Según han informado fuentes del PNV, el acuerdo, que se ha alcanzado tras la reunión mantenida entre su presidente, Andoni Ortuzar, y la vicepresidenta primera del Gobierno, Carmen Calvo, incluye un punto, a petición del grupo vasco.
Ese punto señala que «la autoridad competente delegada para la adopción, supresión, modulación y ejecución de medidas correspondientes a la fase III del plan de desescalada será, en ejercicio de sus competencias, exclusivamente quien ostente la presidencia de la comunidad autónoma», salvo para las medidas vinculadas a la libertad de circulación que excedan el ámbito de la unidad territorial de cada autonomía.