El plan consiste en “servirse de las mayorías en el Congreso para conseguir la desaparición del Estado en Cataluña sin tener que formar ese Estado independiente. ¿Cómo? A través de una estructura confederal en la que el Estado les deje manos libres a cambio de mantener bajo mínimos el conflicto político. Así hasta que los separatistas consigan esa mayoría social clara para intentar la ruptura definitiva”, por decirlo con la claridad que lo expresa el catedrático Josep Maria Castellá (El Mundo 30/05/2020). Es obvio que la fórmula sirve también para el País Vasco y Navarra, como es fácil comprobar de la mera lectura de los medios.
La presencia en el Gobierno de dirigentes de Podemos y del Partido Comunista de España, que defienden públicamente el derecho de autodeterminación en línea con las fuerzas secesionistas, no es mas que la confirmación de la voluntad del Partido socialista Obrero Español de garantizar a las fuerzas que sostienen la mayoría su voluntad de avanzar en el proceso de desmantelamiento del Estado en los territorios controlados por los independentistas. ¿Cómo? A través de la transferencia de nuevas competencias que otorguen a los Gobiernos autonómicos el control de la Hacienda y la Justicia. En el caso vasco y navarro la Hacienda ya ha sido entregada. Con la Educación, el Orden Público, la Sanidad, la Seguridad Social, la Cultura y los medios públicos de comunicación, la presencia del Estado deberá limitarse a los acuartelamientos militares cuya presencia se intentará reducir al máximo.
Se objetará que ese plan atenta contra el espíritu y la letra de la Constitución del 1978. Dependerá de la interpretación que quiera dar el Tribunal Constitucional, pendiente de renovación. Cuando el Congreso con mayoría socialista aprobó la reforma del estatuto catalán de 2006 se discutía la constitucionalidad de bastantes artículos, como se encargó de aclarar el Tribunal Constitucional en junio de 2010, con el consiguiente escándalo de nacionalistas y compañeros de viaje. Se olvida, deliberadamente, que el estatuto que llegó al Congreso en 2006, redactado por un Gobierno catalán de coalición socialista y nacionalista, era abiertamente inconstitucional. Esos mismos partidos que enviaron ese proyecto de estatuto, reformado por el Congreso, aprobado por referéndum y corregido por el Tribunal Constitucional, forman hoy, ahora, la columna vertebral de la actual mayoría.
La pandemia que ha asolado el país desde el mes de marzo ha desviado y ralentizado los planes de los secesionistas y sus compañeros de viaje. La crisis sanitaria,económica y social que se ha generado ha agravado aún más la crisis política pero no ha desviado, por el momento, el objetivo principal de la coalición que pretende una reforma del Estado sin la mayoría necesaria para hacerla. El futuro de este Gobierno, como se lo recuerdan periódica e insistentemente las fuerzas secesionistas desde Cataluña, descansa en dar satisfacción a sus exigencias, cuyos detalles precisos se desconocen pero que incluyen la libertad para los condenados por sedición y el compromiso de un referéndum vinculante sobre le futuro de Cataluña.
Hoy, como ayer, la batalla se libra en el ámbito de la opinión pública. Es la batalla de las ideas, de los proyectos, de los programas que van a configurar el futuro inmediato de España. Mientras se libran todo tipo de pequeños rifirrafes y peloteras sectarias el debate sobre la cohesión territorial, la asignación de recursos, la unidad jurisdiccional queda en un segundo o tercer plano.
Este año habrá elecciones autonómicas en el País Vasco, Galicia y Cataluña, En las dos primeras, en verano; en Cataluña presumiblemente en otoño. Se van a formar nuevas mayorías que reflejarán el poder de las fuerzas que tensionan la vida política española. Y esas nuevas mayorías serán instrumentales para sacar adelante el plan que la actual mayoría de Gobierno maneja y oculta a la sociedad española.