México.- El presidente Andrés Manuel López Obrador abrió el miércoles la puerta de entrada a una Constitución Energética destinada a fortalecer las empresas estatales Petrelo Mexicanos (Pemex) y el Federal Electritown Comassignment (CFE).
En la conferencia de la mañana del Palacio Nacional, Obrador explicó que no puede haber ningún intento en este día y edad para contrarrestar el reescrito de fuerza de Enrique Peña Nieto de 2013, que abrió la puerta a empresas no públicas, ni para cancelar los contratos existentes. , que suman más de cien.
«Mantendremos el compromiso de no hacer grandes cambios de manzana a los marcos legales del sector de la fuerza hasta que no podamos demostrar que es imposible fortalecer a Pemex y la CFE» y así «anunciar el interés nacional, sin convertir la ley, «dijo el presidente. .
Sin embargo, agregó que si al principio no era imposible salvar a Pemex y CFE, se está evaluando para dar una «iniciativa de reforma constitucional».
Si esta remodelación nunca se imagina muy bien, «será volver a lo que fue con los cambios y con la circunstancia de dominar lo rústico sobre los recursos a base de hierbas y considerar a Pemex y CFE como empresas estratégicas».
El presidente presionó para que la forma del moldeador cambie de forma para «destruir» a esas dos compañías estatales.
Presionó que bajo el marco legal provisto, esas dos corporaciones muy endeudadas almacenaron y se esforzaron por contratos con «subsidios» y se revisaron los sobrecostos.
«Sin embargo, es probable que la Constitución nunca sea enmendada más que nunca. Ahora, si preferimos hacer esto para consolidar a Pemex y la CFE, no parecemos descartar la opción de poner fin a una iniciativa de reforma constitucional», dijo.
Estuvo bajo presión después de 2021, cuando terminaron 3 años de gobierno.
«No lo hacemos ahora, hasta el 3er año, que es mi compromiso. Dije que estaré trabajando con la provisión de marcos legales durante 3 años, y si vamos a continuar con la reforma constitucional, ponla en práctica en el momento un componente del gobierno «, dijo.
El año que viene, dijo, hay elecciones intermedias y en 2022 una consulta sobre la destitución del presidente.
El sector de fuerza de México ha estado terminando meses en decisiones gubernamentales vinculadas.
En mayo, entró en vigencia un acuerdo a través del Centro Nacional de Control de Energía (Cenace) que limitó la producción de fuerza renovada y prohibió las emisiones de las pruebas de plantas en blanco que estaban por comenzar, una resolución que tiene varios mandatos opuestos.
Dos semanas después, el Departamento de Energía trajo un cheque de envío de reposición, asumiendo el control económico con un nuevo control de «confiabilidad» que creó confusión.
La nueva política, publicada el 15 de mayo, afecta a inversiones por valor de 30.000 millones de dólares en 18 estados, con un impacto total del 14 % del PIB, según el Consejo Coordinador Empresarial (CCE).
Y el 15 de julio, el gobierno mexicano anunció que cancelará cuatro licitaciones públicas para el diseño de plantas de fuerza.