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El Gobierno vasco critica haberse enterado del plan de desescalada de Pedro Sánchez por los medios de comunicación, pero asume que sus previsiones suponen un paraguas perfecto para que las elecciones autonómicas se celebren finamente en julio, tal y como desea el lehendakari. El documento de transición planteado por el Ejecutivo central estará mañana jueves sobre la mesa de partidos políticos que estudiará la convocatoria de los comicios. «Será objeto de análisis y ponderación», ha avanzado Josu Erkoreka, quien ha insistido en tener en cuenta criterios sanitarios y jurídicos para tomar la decisión definitiva.
Aunque es una potestad de su cargo y no necesita el apoyo de ninguna formación, Iñigo Urkullu sí debe escuchar al resto de representantes para decidir la fecha exacta de los comicios. A la cita que se celebrará este jueves en Lehendakaritza acudirá con tres motivos principales para que los comicios se celebren en julio. En primer lugar, el criterio sanitario, que prevé un menor alcance de la pandemia en pleno verano. El segundo, la posibilidad de que no se pudieran llevar a cabo hasta el año que viene, en una situación de dudoso encaje jurídico con la legislatura agotada. Y el tercero será el propio plan de desescalada de Sánchez, que prevé alcanzar la «nueva normalidad» a finales de junio.
En la reunión del Consejo de Gobierno de este miércoles, el lehendakari ha pedido a sus compañeros que elaboren un análisis minucioso de ese documento para encajarlo con las previsiones propias de Lakua. El camino que esboza el plan de Moncloa abre claramente la puerta a que los comicios se puedan desarrollar en julio, aunque siempre con importantes medidas de seguridad para evitar los contagios. Así que Urkullu ha encontrado en él un nuevo sustento para que la oposición, muy crítica en torno a este asunto, se avenga a su criterio y evite así dar la sensación de tomar una decisión unilateral.
Según Erkoreka, el jefe del Ejecutivo vasco aportará dos informes para apoyar su postura. Uno elaborado por el Departamento de Salud, en el que se recogen datos sobre el devenir de la pandemia del coronavirus, su realidad actual y las previsiones de cara a futuro. «Serán criterios suficientes para poder fundamentar cualquier decisión con bases científicas», ha expresado el portavoz. Además, también llevará otro documento de tipo jurídico en el que se advierte de las consecuencias legales de posponer la cita: «Hay que estudiar las consecuencias de no celebrarlas ni en julio ni en septiembre. Nos situaríamos al margen de la legislatura. Se identificarán los derechos fundamentales, valores y bienes jurídicos que se encuentran concernidos».
A esos informes, que para el Gobierno vasco ya son sustento suficiente para redondear una fecha en julio, se le suma ahora el esperanzador horizonte que establece el cronograma de Sánchez. Un plan, que en todo caso, ha levantado las suspicacias del ala nacionalista del Gabinete de Iñigo Urkullu. A las habituales críticas sobre la falta de colaboración con las comunidades autónomas se incorporan ahora las dudas sobre el uso de la provincia como unidad geográfica para la desescalada. «Hemos pasado de la plurinacionalidad al pluriprovincialismo», ha censurado Erkoreka, quien ha aludido a las escasas competencias de este nivel administrativo. En cambio, el máximo representante del PSE en el Ejecutivo ha tratado de rebajar los ánimos. «Todo es opinable», ha dicho Iñaki Arriola.