El enfrentamiento con la Justicia de Pablo Iglesias ha sido una constante desde que fue nombrado vicepresidente del Gobierno. Unos ataques que han movilizado ahora a la mayor parte del Ejecutivo, tras conocerse la investigación judicial por las manifestaciones del 8-M, para evitar que las críticas salgan del Consejo de Ministros.
El mismo día que tomó posesión, Iglesias cargó contra la Justicia española para reclamar la libertad de los líderes de ‘procés’ condenados por sedición y aseguró que “los tribunales europeos han quitado la razón a nuestros jueces españoles y eso es una humillación para el Estado español”.
Algo que llevó al Consejo General del Poder Judicial a emitir una nota de respuesta en la que exigía al vicepresidente del Gobierno “responsabilidad institucional”.
El 22 de abril, el líder de Podemos, ha atacado nuevamente los jueces españoles por acusó indirectamente de tergiversateurs, asegurando que «los corruptos y muy potente queden impunes gracias a sus privilegios y contactos, mientras que la condena de aquellos que protestaron en contra de la expulsión vergonzoso», en referencia a la condena de la mp de los Estados Podemos en la Asamblea de Madrid, Isa Serra , para atacar a la autoridad.
En aquella ocasión, además de una nueva protesta del CGPJ, hubo un rechazo de todas las asociaciones judiciales, incluida la progresista Jueces para la Democracia, que tachó de “inadmisible” el “desprecio a la verdad como presión a la independencia judicial”.
Bien. La Moncloa tenido estos días, contados a en el comienzo de una investigación, chorreando por la avalancha de denuncias contra la gestión del gobierno en la crisis del sars coronavirus. Durante los dos ataques anteriores por Iglesias contra el sistema judicial, el gobierno no ha sido capaz de evaluar la magnitud de sus críticos. Afirman que el vicepresidente ha actuado por sí mismos.
Pero Pedro Sánchez ha realizado ahora una “maniobra preventiva”. Todavía quedan denuncias por analizar, pero ha estallado ya lo que se ha convertido en un incendio de enormes proporciones para el Ejecutivo.
El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha cesado al jefe de la Guardia Civil, Diego Pérez de los Cobos, por negarse a transmitir el contenido de un informe del cuerpo que la magistrada Carmen Rodríguez-Medel pidió que se mantuviese reservado. Después de ese cese, también dimitió el DAO de la Guardia Civil, Laurentino Ceña.
Por si esto fuera poco, la situación se recrudece ahora por la investigación sobre el caso Villarejo, en el que el juez que lo instruye, Manuel García-Castellón, podría investigar a al vicepresidente segundo del Gobierno tras quitarle la condición de “perjudicado”.
Por ello, fuentes del Ejecutivo explican a Confidencial Digital que Sánchez ha frenado cualquier campaña de Iglesias para intentar desacreditar a los jueces. Se trata de una estrategia que el propio líder de Podemos ya aplicó después de la condena a Isa Serra, cuando planteó sus dudas sobre la neutralidad del Poder Judicial.
De hecho, dirigentes de Podemos han comenzado a hablar públicamente de un caso de interferencia judicial por la investigación sobre el 8-M y de una “conspiración contra el Gobierno”.
Pero el presidente ha sido claro con Pablo Iglesias: las críticas a los jueces no pueden salir esta vez del Consejo de Ministros, sobre todo después de las acusaciones de “injerencia” contra el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, tras el cese de Pérez de los Cobos.
Hay que recordar que, en el actual Gobierno de coalición, el PSOE tiene tres ministros que son magistrados: Margarita Robles (Defensa), Juan Carlos Campo (Justicia) y el propio Marlaska (Interior). Ninguno se encontraría cómodo ante una campaña de descrédito contra los jueces impulsada por un miembro del Consejo de Ministros.
En cambio, el presidente no va a poner obstáculos a que la campaña de desprestigio parta de los órganos de dirección de Podemos y del grupo parlamentario.
En ese contexto, otros líderes, como el ex secretario de IU Andalucía, Antonio Maíllo, han hablado incluso de “neogolpismo”. “Intentarán juzgar y encarcelar a Pablo Iglesias, porque ya están pensando en el relato sobre el gobierno”, escribió este martes en Twitter.
El dirigente gallego Antón Gómez-Reino se ha sumado: “Lawfare” significaría la utilización de la ley y de los procedimientos jurídicos como arma para intentar derrocar un gobierno legítimo”. Pablo Echenique, portavoz del grupo parlamentario de Unidas Podemos, también ha utilizado la expresión en plena tormenta por la investigación sobre el 8-M.
La Abogacía del Estado ha salido también este miércoles en defensa del Gobierno en la causa penal donde se investiga si se cometió un delito de prevaricación por parte del máximo responsable de su órgano delegado en Madrid, José Manuel Franco, al autorizar la convocatoria de la marcha del 8-M en plena expansión del coronavirus.
En el recurso de apelación, firmado por Rosa María Seonae, la abogada del Estado del ‘procés’ tras la destitución de Edmundo Bal, se califica la investigación de la instructora Carmen Rodríguez-Medel, como una “causa general”, “prospectiva”, donde se “vulneran las normas que resultan de aplicación durante la vigencia del estado de alarma” con el fin de recabar indicios contra el Ejecutivo.
Además, el abogado del Estado, trae una queja contra el juez por haber cometido un enjuiciamiento penal, «en ausencia de evidencia de un crimen, sobre la base de la «sospecha» y»suposiciones».
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