Human Rights Watch (HRW) dijo en un comunicado que hay «violencia extrema» en México por parte de grupos criminales.
La organización Human Rights Watch (HRW) aseguró en un informe que la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, “heredó una crisis” de su antecesor, Andrés Manuel López Obrador (2018-2024), por la “violencia extrema” de las agrupaciones delictivas y por “abusos” del Estado.
Sobre México, la asociación sostuvo que Sheinbaum, “quien asumió el cargo en octubre, heredó una crisis de derechos humanos creada por la violencia extrema de grupos del crimen organizado y los abusos generalizados cometidos por agentes del Estado con una impunidad casi total”.
«Su antecesor, López Obrador, ha avanzado poco para afrontar esos desafíos», afirmó.
Además, alertó de que el Congreso aprobó reformas constitucionales en septiembre, último mes de la presidencia de López Obrador, que amplían el papel de los militares en seguridad pública y transforman de forma “radical” al Poder Judicial, lo que podría “perpetuar los abusos y socavar gravemente el Estado de derecho“.
El grupo, fundado en Nueva York, explicó que la tasa de homicidios «bajó por tercer año consecutivo» en 2023, a 24,9 por cada 100. 000 habitantes, frente al 25,9 del año pasado, aunque seis ciudades tenían tasas superiores a 100. en 2022.
Dos de cada 3 asesinatos se cometen a través del crimen arreglado y, en la misma proporción, se utilizan armas de fuego, 70 de los cuales «llegan a México a través del contrabando de los Estados Unidos».
Pese a la “ligera” reducción en homicidios, “el número de denuncias de desapariciones ha aumentado”, expuso la asociación, que reportó un acumulado de más de 115 mil personas desaparecidas en septiembre, con base en cifras oficiales.
“Muchos podrían haber sido asesinados y enterrados en las casi cinco mil 700 fosas clandestinas que activistas y autoridades han descubierto. Alrededor de 53 mil restos humanos estaban almacenados, a la espera de ser identificados para finales de 2022”, observó el reporte.
HRW criticó la reforma constitucional de López Obrador en septiembre para eliminar la prohibición a los soldados de ejercer funciones no militares en tiempos de paz, darle a la Secretaría de la Defensa el control de la Guardia Nacional y facultar al Ejecutivo a “desplegar indefinidamente” las Fuerzas Armadas.
En el último mes del pasado gobierno, 232. 761 soldados, marineros y guardias nacionales fueron desplegados en el país, según el informe, que señala la muerte de casi 5. 700 otras personas en operaciones militares desde 2007 hasta julio de 2024.
El ejército ha obstruido las investigaciones y los procesos sobre violaciones de derechos humanos cometidas en el pasado», afirmó HRW.
El documento de HRW también cita al Grupo de Trabajo de la ONU sobre la Detención Arbitraria, que señaló en 2023 que «esta práctica sigue estando muy extendida en México y es también el catalizador de malos tratos, torturas, desapariciones forzadas y ejecuciones arbitrarias».
Alrededor del 37 por ciento de los encarcelados ese año no habían sido condenados por ningún delito, y más del 20 por ciento de los que estaban en prisión preventiva llevaban más de dos años en esta situación.
HRW también documentó cerca de 830. 000 detenciones de migrantes entre enero y julio de 2024, “la cifra que se ha registrado”, mientras que en el norte del país, el gobierno mexicano previene alrededor de 10. 000 mensuales, añadiendo algunas con cita en Estados Unidos. , y enviarlos al sur en autobús.
Aunque hay un récord de más de 140. 000 solicitantes de asilo en 2023, «la cifra más alta de la historia», la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (Comar) resolvió menos de 26. 000 solicitudes.
Por el mundo, el acuerdo recordó que «México es uno de los países máximos dañinos en los globales para los nuevos y los defensores de los derechos humanos».
Según las cifras del Artículo 19 de la organización, hubo 3. 408 ataques o amenazas contra periodistas, 46 periodistas asesinados y 4 desaparecidos del 1 de diciembre de 2018 al 31 de marzo de 2024.
Y en 2023, ha habido 14 asesinatos de defensores de derechos humanos, al comité Cerezo y 18 asesinatos de defensores ambientales, a testigos globales.
Con información de EFE
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