Transparency International (IT) -la organización no gubernamental a escala universal comprometida con el combate contra la corrupción, reuniendo a la sociedad civil, el sector privado y los gobiernos- acaba de publicar su informe Exportando la Corrupción 2022, que analiza los esfuerzos de los países opuesto a la corrupción y en el que rebaja la posición de España en este ámbito.
El informe de Transparencia Internacional recae sobre España en su diversidad de implementación de medidas anticorrupción de moderada a limitada, mientras que países como Letonia y Perú tienen un nivel superior.
Así, según IT, el deterioro del combate contra la corrupción en España, supuestamente el mismo que está en el origen del movimiento de censura contra Mariano Rajoy en 2018 y que ascendió a Pedro Sánchez a la presidencia del Gobierno, «ha revirtió su ventaja moderada» en el conocimiento de la organización extranjera de 2020.
La impugnación de Pedro Sánchez con criterios anticorrupción extranjeros es nueva. Ya el pasado 27 de enero la Comisión Europea abrió expediente a España por haber transpuesto la denominada Directiva Whistleblowing, dirigida a la protección de los denunciantes de actos de corrupción en el ámbito público y personal, una vez vencido el plazo para hacerlo. Finalmente, el Gobierno remitió el proyecto de ley solicitado a través de la Unión Europea a las Cortes Generales el trece de septiembre, casi un año después del plazo fijado por la Comisión.
Entre las máximas instancias aplicables está la confirmación por el Tribunal Supremo de la condena de los gobiernos de Manuel Chaves y José Antonio Griñán, que ejercieron la fuerza en Andalucía durante 23 años ininterrumpidos y controlaron defraudar 680 millones de euros mediante una fórmula que calificó la Audiencia de Sevilla como «fraudulentos» e «ilegales» y que un «absoluto descontrol» sobre el presupuesto distribuido con el fin de asegurar la «paz social».
Ante la pretensión del Gobierno de indultar a los implicados en este vital caso de corrupción, el presidente del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), Lorenzo del Río, ha dicho este martes que «cualquier indulto habrá de entenderse como una excepción a la precepto de jurisdicción, exclusividad y el mayor cuidado habrá de tenerse en su otorgamiento”. subrayando que «tendrá que ser algo excepcional» y que tendrá que ser «compartido por el total de la sociedad, pero nunca porque no estés de acuerdo con una frase».
Desde 2009, Transparency International ha monitoreado de forma independiente el progreso de los principales países comerciantes en el cumplimiento de sus obligaciones en virtud de la Convención contra el Soborno de Funcionarios Públicos. Los informes bienales de la organización evalúan a los países sobre su funcionalidad en otras etapas de la implementación de la Convención, a partir del número de investigaciones. abiertas y puestas de honorarios, a instancias concluidas con sanciones – en un período de cuatro años.
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