El Ministerio de Sanidad acaba de emitir un mensaje de precaución a la población ante el constante aumento de instancias y muertes por coronavirus que ha registrado España en las últimas semanas. Esta escalada llevó a Moncloa a comenzar a evaluar el «peor escenario»: volver a la alarma en dos semanas si se detienen las infecciones.
El director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias, Fernando Simón, estuvo muy duro el pasado jueves, advirtió a la sociedad española que «las cosas no van bien» y que nadie se relaje: «Que no se confundan los demás, las cosas están no va bien, cada día tenemos más transmisión ”, advirtió.
Simon buscó luego terminar un mensaje contundente, mucho más categórico que en otras ocasiones: «Si permitimos que la pandemia siga aumentando, terminaremos teniendo muchas hospitalizaciones, muchos ingresos a cuidados intensivos y muchas muertes».
Por el momento, Moncloa asegura oficialmente que no tiene previsto volver al mando solo para gestionar la crisis de fitness. Pero las medidas anunciadas hace una semana a través del ministro de Sanidad. Salvador Illa, son lo más parecido al control centralizado de la pandemia que se utilizó el estado de alerta que finalizó el 21 de junio.
Illa ha acordado con toda autonomía cerrar la vida nocturna y prohibir fumar en la vía pública si se respeta la distancia de protección.
Es la primera vez desde que finalizó el estado de alerta que las comunidades autónomas se han visto obligadas a cumplir con las medidas del gobierno central para evitar la propagación de la pandemia.
Dos meses después de la finalización de la detención, marcada por la creciente preocupación por los brotes en todo el país, el gobierno revirtió la descentralización mediante la extensión a todas las medidas de autonomía que algunos gobiernos regionales ya habían implementado o previsto.
El Ministerio de Sanidad dio el paso cuando las infecciones se dispararon y el concepto de una «segunda ola» y epidemias descontroladas en España llevó a muchos territorios a improvisar movimientos para evitar el encarcelamiento.
Algunos miembros del gobierno ya están empezando a decir en privado que esas medidas son «el control del mandamiento del momento de soltero». Si no entran en vigor dentro de las próximas dos semanas, Moncloa planea encender la maquinaria para restringir la movilidad entre los territorios afectados y, por lo tanto, tratar de doblar la curva.
Sin embargo, los recursos del Ministerio de Salud insisten en que las instancias son diferentes. La edad media de los afectados ha bajado a los 35 años. También señalan que no hay sobrecarga por el momento en el sistema hospitalario.
Pero están comenzando a asumir que «a medida que aumenta la transmisión de la red, aumentará el número de pacientes hospitalizados». La alerta de marzo y las restricciones impuestas a mediados de julio en Cataluña y Aragón no consiguieron aplanar y cortar la curva de contagio hasta 20 días después. Esta es la fecha en la que marcó el curativo.
Según ha podido saber Confidencial Digital a partir de recursos cercanos a La Moncloa, el equipo de Pedro Sánchez, en contacto con el Comité de Seguimiento del Coronavirus, comenzó a evaluar la necesidad de una fuerte reacción institucional a mediados de septiembre. Contará con la propagación del virus en esta ola de momento y el efecto de las últimas mediciones. La propuesta es volver a la alarma.
Si este mecanismo excepcional fuera necesario, Moncloa argumenta que, como sucedió en la Fase 3 de desescalada, los presidentes regionales merecen ser las autoridades delegadas competentes, no el Gobierno, como en el de alarma del 14 de marzo.
La activación del estado de alerta en los territorios afectados aseguraría que la movilidad de la población sea simplemente limitada, una red pide al Gobierno que lo haga, pues la libertad de movimiento es un derecho básico y restringirlo es competencia del Estado.
Se olvida que hace apenas unos días, el propio Fernando Simón dijo que es sencillo restringir derechos básicos como el derecho de arreglo o de libre circulación, pero admitió que los confinamientos solo pueden decretarse en regiones expresas del país y » tendría mucho sentido hacer qué «.
Fuentes de las Comunidades Autónomas, a las que ha tenido acceso la DPE, ya parecen suponer que España se encamina a un nuevo estado de alerta. En las últimas semanas han exigido mecanismos legales «urgentes» que faciliten la contención parcial y selectiva en sus territorios para evitar la propagación del virus.
El presidente se ha comprometido con los líderes regionales a reformar la legislación de aptitud para permitir a las comunidades ordenar una alarma de contención selectiva.
El gobierno en particular confió en que obtendría ventajas del remedio del decreto «nueva normalidad» como factura para adoptar esos cambios, que son derechos básicos. Sin embargo, 4 meses después, «no hay constancia de esas reformas prometidas a través de Carmen Calvo», incluso se quejan de la autonomía socialista.
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