Las dos expresiones podrían considerarse contradictorias, pero tienen mucho de verdad.
La primera se refiere al viaje del presidente Moreno a Estados Unidos, con una importante comitiva de Gobierno y otros acompañantes de sectores empresariales y académicos. La segunda es sobre el Ecuador que estamos viviendo.
Uno de los que viajó señaló su impresión: “Cuando escuché las presentaciones ante entidades internacionales, pensaba que no se referían al Ecuador de los días que vivimos, sino al imaginario que se quiere se perciba en el exterior”.
Esto era bueno
Es claro que, en el Ecuador, existe la apertura para el gobierno de los Estados unidos y en las instituciones financieras visitado.
Alguna fraseología del presidente Moreno, de adhesión a las políticas de Donald Trump, ya motiva la acusación de que se le quiere entregar el Ecuador, la que se potencia desde el correato, responsable del servilismo del Ecuador ante los intermediarios con China, en las preventas para entrega futura de nuestro petróleo, y en contratos con sobreprecios y de defectuosa calidad en su ejecución, para cuya sanción no se han dado avances significativos; y, en las vergonzosas tramas de corrupción con Odebrecht y otros contratistas del Estado, con las contrapartidas de los financiamientos al correato, desde tales beneficiarios.
Pienso que hay ocasiones en que Moreno habla demasiado, lo que también hacía, con otros direccionamientos, cuando no se había distanciado de Rafael Correa. Este creyó que siempre iba a utilizarlo y fue su gran error.
El aporte de Moreno a un régimen de respeto a la información que se origina aun en terceras fuentes y a la opinión ajena habrá que reconocérselo.
Las posibilidades de flujo de recursos y de comercio sin elevados costos arancelarios, con desgravaciones, deben priorizarse en las relaciones con Estados Unidos. En el Ecuador, por su lado, hay que revisar los costos de producción.
Hay dos escenarios
Uno, que puede ser de realización inmediata, referente a la vigente ley norteamericana, que se tramitó entre fines del 2017 e inicios del 2018, que renovó el Sistema Generalizado de Preferencias (SGP) para Ecuador por tres años, 2018-2020, en cuanto a inclusión de productos, lo que no requiere otra decisión que la de la administración Trump. Es el caso de las exportaciones de rosas, brócolis, alcachofa, conservas de atún, y otras, porque nuestros costos de producción más los arancelarios vigentes en ese país no permiten que sean competitivas.
El otro escenario es de un acuerdo comercial más amplio, que nos acerque a los términos vigentes para Colombia y Perú, por lo menos, que son países vecinos.
Promover desde el Ecuador las exportaciones, no es querer solo hacer más ricos a los exportadores, sino asegurar mayores ingresos de divisas al Ecuador, siempre una exigencia. Sin más divisas, sería imposible seguir en dolarización.
Duele decirlo: el Ecuador es un país caro para vivir y producir, porque –a más de las elevadas tarifas tributarias, que castigan a los que no evaden tributos– los sobreprecios y la corrupción terminan encareciendo todo para los empresarios y ciudadanos que no son beneficiarios de esas prácticas.
¿Entonces?, ¿por qué nos va mal?
Por falta de correctivos en la gestión de gobierno –lo que no hay que confundir con solo estar a lo recomendado por el FMI– sobre todo en cuanto a transparencias, oportunidades y prelaciones.
Se evidencia esa falta en lo cotidiano y se manifiesta en las percepciones internas y externas.
Desde el Gobierno central y también en instituciones del sector público estar en mora es su rutina, su práctica frente a otras entidades del mismo sector, las obliga a lo mismo, en perjuicio de la ciudadanía y de las empresas de los sectores privados, cuando estas actúan honestamente.
Se omite tener registrados pasivos, bajo la explicación de que aún no los han verificado y en esto tienen años; y, a la hora de pagar –lo que ya esté verificado– se multiplican las trabas, lo que lleva a pensar que cuando se aflojan las trabas, esto no siempre se da por la voluntad de cumplir, como debería ser, sino porque se multiplican ocasiones en que funcionan estímulos u otras prácticas que deben desterrarse.
Las indecisiones y la falta de correctivos, ante acreedores externos, aun cuando se les esté dando prioridad, se refleja en las calificaciones sobre la calidad de la deuda externa del Ecuador, lo que, a su vez, influye en plazos, tasas de interés y de descuento, para el caso de negociación.
Las tres grandes empresas para calificación de crédito, en el mundo, son Moody’s, Standard & Poor’s y Fitch.
Moody’s tiene a la deuda pública del Ecuador con la calificación de ‘Caa’, igual que está la de Argentina.
‘Caa» corresponde a la séptima línea de la calidad, entre las nueve, el antépendernier de una gran burla. Los que compran sus títulos, porque no tienen nada más, o para especular en previsión de una mayor rentabilidad, ya que el emisor puede pagar.
En la última línea solo está Venezuela, es la de default, porque no paga su deuda externa. Supongo que tiene convenios con China y otros países en que hay mecanismos o provisiones específicas, porque están primando decisiones políticas.
Con Standard & Poor’s y Fitch, la deuda ecuatoriana está calificada en ‘B-‘, lo menor de B, apenas por encima de la calificación de Moody’s.
Otra valoración es la de riesgo país. El Banco Central del Ecuador informó que al 14 de febrero de 2020 ese indicador estuvo en 1136 puntos. Bloomberg, agencia de noticias económicas, ha comentado que en el mercado internacional hay la percepción de exclusión de bonos soberanos del Ecuador.
¿Definición ética, política o económica?
La transparencia es obligación, en las tres definiciones. No asumirla sería como pretender edificar columnas sobre rellenos de solo basura, lodo y estiércol. (O)
Duele decirlo: el Ecuador es un país caro para vivir y producir, porque –a más de las elevadas tarifas tributarias, que castigan a los que no evaden tributos– los sobreprecios y la corrupción terminan encareciendo todo para los empresarios y ciudadanos que no son beneficiarios de esas prácticas.
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