Resulta incomprensible que en un estado tan excepcional como el que vive España, con tres plazos ya decretados de alarma y con cuarenta días de confinamiento de los ciudadanos, Pedro Sánchez haya eludido consultar siquiera al Consejo de Estado. La cuestión no es intrascendente. Primero, porque cabe preguntarse qué utilidad tiene esa institución si un Gobierno desprecia un dictamen de expertos juristas cuando impone un estado de alarma tan extensivo que se confunde con uno de excepción. Y segundo, porque muchos de sus miembros tienen una larga trayectoria en política. Ese informe del Consejo de Estado no solo debería ser recomendable para este Gobierno errático, sino que además es imperativo. Es cierto que sus resoluciones no son vinculantes, pero sus
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