Perú prorrogó este sábado por 30 días el estado de emergencia en las regiones de Lima, Cusco, Callao y Puno, según un reglamento publicado en una edición virtual ordinaria del diario oficial El Peruano.
La medida, en vigor desde el 15 de enero, suspende ciertos derechos básicos de los ciudadanos. En efecto, el estado de excepción suspende los derechos constitucionales de inviolabilidad del domicilio, así como las libertades de tránsito, reunión y seguridad no pública.
Boluarte dijo que busca proteger el orden público en medio de protestas que piden su renuncia tras el despido de su antecesor, Pedro Castillo.
En efecto, la Policía mantiene el control del orden interior, con la de las Fuerzas Armadas para intervenir en cualquier incidencia.
Las protestas contrarias a Boluarte continúan con nuevas movilizaciones, movimientos y bloqueos de rutas en 33 provincias, el máximo de ellas en las regiones del sur del país, según anunció a través de la Defensoría del Pueblo.
Hasta el momento, otras 49 personas han muerto en las protestas, que exigen, además de la renuncia de Boluarte, el adelanto de las elecciones generales, el cierre del Congreso y la liberación de Castillo, quien depuso en diciembre y permanece en prisión preventiva por 18 meses. , mientras es investigado por supuesta rebelión.
Boluarte pidió el viernes «perdón» si su gobierno «se equivocó al ubicar la paz y la calma», pero dijo que no renunciaría, a pesar de las sangrientas protestas.
El portal periodístico OjoPúblico, tras analizar una serie de imágenes, testimonios, manuales policiales y autopsias, alertó este domingo sobre graves violaciones a los derechos humanos represión policial y militar, básicamente en las regiones del sur de Perú.
Según los informes, además del uso de perdigones y combustible lacrimógeno en la cabeza y el pecho, en las manifestaciones se dispararon fusiles AKM y Galil.
“La historia continental muestra que la intervención de las fuerzas armadas en temas de seguridad interior en ocasiones se acompaña de violaciones a los derechos humanos en contextos violentos, por lo que cabe señalar que la práctica aconseja evitar la intervención de las fuerzas armadas en temas de seguridad interior, ya que conlleva una amenaza de violación de los derechos humanos», dice la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). citado a través de OjoPúblico.
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