La reunión entre Pedro Sánchez y Pablo Casado para explorar las bases de unos nuevos Pactos de la Moncloa que busquen la reconstrucción del país a raíz de la crisis del coronavirus ha finalizado tras poco más de una hora con un resultado inesperado. El líder del PP se había mostrado en los últimos días muy crítico con la iniciativa del presidente del Gobierno, pero finalmente ambos han llegado a un entendimiento para que esa mesa de reconstrucción parta de una comisión del Congreso de los Diputados y cuente con la participación de Unidas Podemos y ERC, a los que el PP había vetado en principio.
La conclusión del encuentro no ha sido la prevista ya que Casado había manifestado su convencimiento de que los pactos para la reconstrucción propuestos por Sánchez solo buscan “mutualizar” sus errores y repartir la responsabilidad entre las demás fuerzas políticas. Sin embargo, también había dicho que esperaría a escuchar su oferta antes de valorar si el PP apoya la nueva prórroga del estado de alarma y si se sienta o no en su mesa de diálogo. Finalmente, ha logrado que el jefe del Ejecutivo acepte el formato de mesa que él había reclamado. “Si quiere pactar algo, tendrá que ser aquí con luz y taquígrafos”, dijo Casado el pasado miércoles, en el pleno para aprobar la prórroga del estado de alarma hasta el 26 de abril.
“Si se quiere pactar algo se ha de hacer en sede parlamentaria”, ha asegurado el líder del PP. “Tenemos que salir de la crisis con más democracia y hemos propuesto crear una comisión en el Congreso para hablar de las medidas sanitarias y sociales y en la que los partidos políticos tengamos la representación que nos dieron las urnas”, ha añadido y se ha comprometido a arrimar el hombro. “Una vez que el Gobierno pide al PP que arrime el hombro, le hemos dicho (a Sánchez) que lo vamos a arrimar en el Parlamento, que es donde tenemos que estar. Nuestra participación sería en sede parlamentaria”, han sido sus palabras y ha adelantado que ha visto “buena disposición por su parte”.
La Comisión para la reconstrucción, ha explicado Casado, podrá abordar todos los temas afectados por la crisis del coronavirus, con independencia de que luego pueda haber una traslación a las comisiones correspondientes. Es decir, el curso escolar y universitario seguiría siendo la materia a estudiar en la Comisión de Educación, las pensiones corresponden a la Comisión del Pacto de Toledo, los problemas relacionados con el empleo tendrán que ser abordado en la Comisión de Trabajo… y así sucesivamente. El PP defiende, sin embargo, que “es bueno que haya una Comisión que centralice todas estas cuestiones”.
Además, ha explicado que “no tiene ningún mérito reunir alrededor de una mesa a todos los socios de Gobierno y algún partido más” mientras que “en una comisión parlamentaria los partidos que están representados son los que se presentaron a las elecciones”. En este punto, ha hecho una alusión expresa a ERC y EH Bildu, cuya legitimidad para tener una representación que les han dado las urnas no discute. Ahora bien, fuera del ámbito parlamentario “no me pueden obligar a compartir mesas con aquellos que hablan todos los días de destruir España”, ha señalado. Lo que de momento no contempla Casado es contribuir a la aprobación de unos nuevos Presupuestos de emergencia. Lo considera “muy difícil”. “Nosotros no somos parte del Gobierno, lideramos la oposición y somos la alternativa”, ha subrayado.
La propuesta inicial del Gobierno hablaba de la mesa principal con el presidente, los cuatro vicepresidentes y los portavoces parlamentarios, y de cuatro grupos de trabajo -sobre reactivación económica, estado de bienestar, sanidad y la UE- que se reunieran en el Congreso. También se apostaba por un calendario que hiciera posible cerrar un acuerdo inter-institucional entre el Gobierno de España, las CCAA y las Entidades Locales para la implementación de los pactos de reconstrucción en la primera quincena de julio. El Ejecutivo se disponer ahora a adaptar ese documento al acuerdo entre Sánchez y Casado.
Casado no rechaza, por otra parte, apoyar la nueva prórroga del estado de alarma hasta el 9 de mayo que se someterá a debate en el Congreso el próximo miércoles, pero pone varias condiciones: garantizar material de protección suficiente, que los test masivos lleguen a toda España y que se respete a los muertos, es decir, contabilizar de manera fidedigna el número de muertos y el luto nacional”. “Tenemos la responsabilidad de ir apoyando las prórrogas del estado de alarma, pero el Gobierno tiene la responsabilidad de adaptar ese estado a las peticiones sensatas y legítimas de la oposición”, ha dicho.
El PP ha cuestionado desde el primer momento que no se hubieran realizado test masivos a la población y su líder ha recordado que “la cifra que baraja el Gobierno y que presenta en comparecencias diarias contrasta con lo que dicen las comunidades”. “Ya hemos anunciado que registraremos la petición de una comisión de investigación”, ha recordado porque “España tiene un número de contagiados que no se corresponde a la expansión del virus”. En concreto, ha comparado la situación de España con Portugal y Alemania, países en los que, en su opinión, se ha actuado antes: “Las familias, las empresas, pueden aguantar la respiración un minuto, pero no una hora. No podemos estar mucho más tiempo sin acotar cuál es la población de riesgo y esto solo se puede hacer con test”.
En el terreno económico, el líder del PP pide que haya liquidez suficiente para autónomos y empresas, que lleguen las medidas de apoyo específicas para sectores más afectados (por ejemplo, la prima para los sanitarios) y la exención del impuesto de sucesión. Reclama también que se rehabilite el Portal de Transparencia y “que se garantice la neutralidad de la televisión pública”. Es significativo que Casado haya vuelto a colgarse la medalla de cómo el PP superó la crisis financiera del 2008 que arruinó la vida a millones de personas y provocó una desigualdad sin precedentes, una brecha que aún está muy lejos de cerrarse.
En respuesta a una pregunta, Casado se ha referido a la polémica por las palabras del general Santiago, el jefe del Estado Mayor de la Guardia Civil, afirmando que el cuerpo estaba trabajando para minimizar los bulos contra el Gobierno. En concreto ha asegurado haber recibido la declaración con “mucha preocupación (…) porque daba la impresión de que la estaba leyendo y que no fue un lapsus o una improvisación. “El estado de alarma no puede ser una alarma de estado”, ha proclamado recordando que estamos ya en una situación excepcional en la que muchos derechos de los ciudadanos están restringidos por lo que hay que ser más vigilantes, si cabe, ante posibles excesos del Ejecutivo. “Espero las explicaciones públicas de Sánchez y las de Interior. Esto de la unidad está muy bien, pero no es garantía de que la pandemia se resuelva mejor”, ha considerado.
El caso es que la predisposición del PP a sentarse en la Comisión parlamentaria deja fuera sólo a la CUP. Vox, que en un principio había rechazado participar en los planes de reconstrucción del Gobierno, acepta ahora sumarse a la fórmula pactada por Sánchez y Casado. “Es algo que nosotros hemos reclamado”, ha dicho Abascal en una rueda de prensa en referencia a la Comisión. En su opinión, mientras continúe el Gobierno de Sánchez, el diálogo debe producirse en el parlamento y “no a través de conversaciones telefónicas, videoconferencias o reuniones bilaterales con todo tipo interlocutores”.
Abascal se ha mostrado convencido de que ha hecho lo correcto al negarse a hablar con Sánchez fuera de las instituciones democráticas, “máxime” cuando su Gobierno “amordaza” al parlamento e intenta acabar con la libertad de expresión de Vox en las redes sociales llevándoles incluso a los tribunales. Esto lo ha dicho el mismo día que el partido de extrema derecha ha presentado una querella contra el presidente y el Gobierno por varios delitos supuestamente cometidos durante la crisis del coronavirus, entre ellos imprudencia grave con resultado de muerte de más de 20.000 personas.
El Congreso de los Diputados convocará la llamada mesa para la reconstrucción económica y social de España que el Gobierno ha propuesto a todos los grupos parlamentarios y decidirá su formato. La Cámara Baja convocará “día y hora de la reunión para esta mesa, así como el formato para su celebración”, ha dicho la ministra portavoz, María Jesús Montero, en rueda de prensa en la que ha precisado que “el Gobierno desea y espera que esto se produzca a la mayor brevedad posible”.
La ministra ha explicado que para el Ejecutivo “no tiene importancia si se trata de una mesa de partidos o de una comisión” parlamentaria, tal y como ha propuesto este lunes Casado a Sánchez, a la espera de que consensúe con el resto de fuerzas políticas. “Lo de menos” para Sánchez y para el Gobierno es el formato, según Montero.
En ese sentido, ha recordado que la propuesta del Gobierno es intentar buscar consensos en cuatro ámbitos de actuación: reactivación de la economía; políticas sociales y sistema de cuidados; refuerzo de la sanidad pública y posición común ante la negociación en la UE sobre los instrumentos para hacer frente a la crisis.
Aunque ésta es la propuesta del Ejecutivo, Montero ha indicado que tendrán que someterse a lo que decida la mayoría de los grupos participantes en las conversaciones, pero ha avanzado que para el Gobierno no es un problema si en lugar de estos cuatro temas, se decide ampliar las discusiones a “10 o 20” temas que se identifiquen como prioritarios.
Eso sí, ha subrayado que lo deseable es poder alcanzar un amplio consenso que permita desplegar algunas decisiones sobre inyecciones económicas en el segundo semestre del año. Y es que el calendario que se había autoimpuesto Sánchez fijaba el mes de junio como el límite para alcanzar un acuerdo en la mesa de partidos, que pudiese rubricar las CCAA y las entidades locales –fundamentales en su aplicación– en la primera quincena de junio.