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Hace pocos meses, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, no valoraba tener a Pablo Iglesias en su Ejecutivo porque “no podría dormir”. Sin embargo, actualmente está a cargo de una vicepresidencia del Gobierno. Pero la cosa no queda ahí. Sánchez tenía todavía cuentas pendientes tras su investidura que finalmente saldará poniendo a Iglesias en la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos de Inteligencia, que conoce y gestiona los secretos del Estado y que participa a la hora de concretar los objetivos del servicio de Inteligencia española.
Es algo a lo que Iglesias siempre había aspirado pero, Pedro Sánchez, según diseñó su Ejecutivo, iba a mantener el control del Centro Nacional de Inteligencia (CNI) por parte del PSOE, de manera que el CNI debía depender del Ministerio de Defensa a cargo de Margarita Robles. Para cambiar esto, ha tenido que forzar la Ley reguladora del CNI a través de la derogación del Real Decreto 1886/2011, lo cual se producirá en el próximo Consejo de Ministros del martes 25 de febrero, como apunta este domingo El Mundo.
El Real Decreto definía la composición de la comisión en los mismos términos que la Ley del CNI y no se había modificado desde 2011. Para incluir a Iglesias, Moncloa ha realizado una interpretación laxa de la Ley 11/2002, reguladora del CNI, que define las tareas y la composición de esta Comisión de Inteligencia. La ley solo contempla que la Comisión la presida un vicepresidente del Gobierno a elección del presidente, pero ese puesto en principio lo ocupará la vicepresidenta Carmen Calvo.
En caso de que ésta fallara, sería haga Margarita Robles como ministra de Defensa y última responsable del CNI la que lo presidiría. Fuera de esto, la ley prevé como miembros permanentes a los ministros de Interior, Defensa, Economía y Exteriores, además del director del Gabinete de Presidencia del Gobierno, el Secretario de Estado de Seguridad y el director del CNI, que actuará como secretario.
Además de esos miembros habituales, «podrán ser convocados a las reuniones de la comisión los titulares de aquellos otros órganos superiores y directivos de la Administración General del Estado que se estime conveniente». Sin embargo, esa excepción se previó para casos concretos, no para involucrar a otros de manera contínua. Aun y así, Moncloa se acoge a que en la ley se define quién compone la comisión, pero no se dice que no pueda incluirse a otros.
Con todo, finalmente se pondrá a cargo de la seguridad nacional a un partido que se negó a firmar el Pacto contra el Terrorismo —impulsado por PP y PSOE en alerta yihadista internacional—. Además, a alguien muy cercano a adversarios tradicionales del país, como los regímenes de Venezuela.
Una de las tareas principales de la Comisión de Inteligencia es elaborar la Directiva de Inteligencia, que tiene carácter secreto y que cada año se entrega al Centro Nacional de Inteligencia con los objetivos. Es el documento más importante que el Gobierno proporciona al CNI, porque marca sus líneas de actuación para el curso.
Los miembros de la comisión proponen primero esos objetivos a Pedro Sánchez como presidente del Gobierno, y si los aprueba, se incluyen en la directiva. Esta comisión, además, realiza un seguimiento periódico y evaluación de los objetivos y operaciones del centro.
Y, aunque tenga carácter secreto, está claro que asuntos como la crisis en Cataluña pueden formar parte de la directiva, dado que la principal misión del CNI que marca la ley es «prevenir y evitar cualquier riesgo o amenaza que afecte a la independencia e integridad de España, los intereses nacionales y la estabilidad del Estado de derecho y sus instituciones».
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