Una sucesión de ocasiones llevó al Gobierno a intentar golpear a los jueces. Pedro Sánchez echa la culpa de lo que está pasando a la derecha mientras es él, quien, ley en mano, pretende hacer una «explosión constitucional». Según al artículo 22 de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional: “Los jueces del Tribunal Constitucional ejercerán sus funciones de acuerdo con los principios de imparcialidad y dignidad que les son inherentes, pudiendo no ser procesados por las críticas expresadas en el ejercicio de sus funciones; Serán inamovibles y podrán ser revocados o suspendidos sólo por alguna de las causas establecidas por esta Ley. De esos magistrados, Sánchez necesita destituir a dos para rendir cuentas, ya que 6 son conservadores y cinco suyos.
El artículo 159 de la Constitución Española establece: «El Tribunal Constitucional se compondrá de 12 miembros designados por el Rey; 4 de ellos serán propuestos por el Congreso por mayoría de tres quintos de sus miembros; 4 serán propuestos por el Senado, por la misma mayoría; dos a propuesta del Gobierno, y dos a propuesta del Consejo General del Poder Judicial». El Gobierno dice que hay 2 magistrados que son imparciales, ley en mano, todos los magistrados del Tribunal Constitucional sólo pueden ser destituidos. Elevar la imparcialidad de los jueces designados a través del Gobierno, el Congreso y el Senado sería una utopía.
Aparte de la elección de 3/5, el Gobierno tiene total libertad para designar y modificar las mayorías de votos cuando quiera. El PSOE sólo puede pedir el juicio político sin el voto de los demás interesados, con la consiguiente opción de modificar los resultados. Con esto, el Tribunal Constitucional habría muerto, pudiendo dar el referéndum a Esquerra porque se habría caído el escudo constitucional.