El vasto Xinjiang es la región china más reciente afectada por las restricciones debido al COVID-19, ya que China intensifica las medidas de control antes de un congreso clave del Partido Comunista a finales de este mes.
Las autoridades suspendieron el ejercicio y las líneas de autobuses hacia y desde la provincia de 22 millones de habitantes, y el número de pasajeros en los vuelos se redujo al 75 % de la capacidad de las aeronaves, informó el jueves.
En un aviso, el gobierno regional dijo que las medidas se habían impuesto para «evitar estrictamente la amenaza de propagación» del coronavirus, pero no proporcionó más detalles.
Como suele ocurrir con la draconiana política china de “cero COVID”, las medidas parecen desproporcionadas ante la cifra de casos detectados.
La Comisión Nacional de Salud reportó apenas 93 positivos en Xinjiang el miércoles y 97 el jueves, todos ellos asintomáticos. El liderazgo regional reconoció el martes problemas en la detección de los contagios y en las medidas de control, pero no indicaron cuándo tenían previsto levantar las restricciones.
Las autoridades están desesperadas por no ser señaladas por los nuevos brotes en sus provincias y Xinjiang ha estado sometida a un escrutinio especial por el establecimiento, por parte del gobierno, de una serie de centros de reeducación, similares a prisiones, donde se enseña a las minorías musulmanas a renunciar a su religión y, supuestamente, son sometidas a una serie de abusos de los derechos humanos.
El gigantesco sistema de vigilancia de Xinjiang, que cuenta con puestos de control en todas partes, software de reconocimiento facial e incluso de voy y un control universal de los celulares, ha hecho que controlar los desplazamientos de la población sea especialmente fácil.
Un confinamiento anterior, que duró 40 días, hizo que muchos residentes de Xinjiang protestasen por los escasos suministros de alimentos.
La política de «covid cero» ha estado fuertemente conectada con el líder del Partido Comunista, Xi Jinping, quien se espera que revalide su fuerza para un tercer mandato de cinco años en el congreso que comienza el 16 de octubre. Y todo esto a pesar de la denuncia de la Organización Mundial de la Salud y las enormes alteraciones que provoca en la economía, la escolarización y la vida en China.
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