El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha presentado una denuncia por presunto delito de prevaricación contra el juez Juan Carlos Peinado, que se encuentra al frente de la investigación contra su esposa, Begoña Gómez, por tráfico de influencias y presunta corrupción en el negocio Esta acción legal se produce luego de que Sánchez hiciera mérito de su derecho a no declarar, a través del artículo 416 de la Ley de Procedimiento Penal (LECrim), debido a su prestigio como esposa del usuario investigado.
La denuncia, a la que tuvo acceso Europa Press, fue presentada ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) y también incluye al juez suplente Carlos Valle. La Fiscalía General del Estado, en un documento de 35 páginas, afirma que Sánchez merece dio la impresión por escrito en su calidad de jefe del Ejecutivo, conforme a lo previsto por la ley, en los casos en que se le solicite que haga una declaración sobre hechos conocidos por razón de su cargo. » Lo relevante, no nos equivoquemos, es lo que hizo la usuaria investigada, dado que su esposo es presidente del gobierno», dice el documento.
El documento critica que la sentencia del 19 de julio, mediante la que se citó a Sánchez como testigo, no justifica por qué no se hizo por escrito. «No hay una sola línea que motive o justifique por qué la declaración no merece hacerse por escrito», subraya la fiscalía. Además, el texto subraya que la figura del presidente del Gobierno no puede disociarse de su prestigio como esposa en este contexto.
El despacho de abogados denuncia también que la resolución de Peinado fue «prevaricatoria» y que sus movimientos carecen de «un mínimo de evidencia» de las medidas adoptadas. «Se trata de evitar que los cuadros fuera de fuerza judicial modifiquen innecesariamente el rumbo y cuadros de los demás «Fuerzas del Estado», añade la carta, insistiendo en que el juicio sobre ha generado un «descrédito gratuito» y «desacredita» la presidencia del Gobierno con su «adivinación».
Asimismo, la Fiscalía considera que los movimientos del juez Peinado constituyen un intento de «grabar un montaje» y «erosionar» la imagen de Sánchez. El Gobierno dijo que la captada en La Moncloa se oponía a la ley, posición apoyada a través de la Fiscalía General del Estado en su informe al TSJM.
El documento solicita que el tribunal descargue copias autenticadas de las resoluciones seguidas a través del juez Peinado en el llamado “caso Begoña Gómez” y que se cite a declarar al juez Carlos Valle. Defiende además que esta denuncia no constituye un “ataque” al poder judicial, sino una expresión de confianza en este poder. “Esta es la única defensa que queda frente a un ataque seguramente desprovisto de justificación o motivación por parte de quien ejerce las funciones jurisdiccionales”, concluye la carta.
La acción de Sánchez provocó reacciones en el ámbito político y judicial, poniendo de relieve la polémica sobre la independencia y el equilibrio de fuerzas del Estado en España. Con este movimiento, el presidente del Gobierno busca proteger su posición y la de su esposa frente a lo que considera una acción injustificada y perjudicial por parte del juez.
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