En España hay serias distorsiones económicas que han colocado al país en una crisis fiscal sin precedentes. El Estado se encuentra en déficit, el flujo de caja registra saldo negativo, la deuda supera el doble del valor de la economía nacional (115% del PIB) y las demandas sociales no hacen sino crear un clima de presión socioeconómica que tiene efectos políticos muy adversos para la estabilidad del Gobierno de izquierdas y para la gobernabilidad de un Pedro Sánchez que se halla entrampado entre la falta de consenso y el cumplimiento de sus promesas mientras la población española pierde gota a gota la paciencia.
Es por ello que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha dicho este jueves en la presentación del plan de ayudas al turismo que los ERTE «están para quedarse», ya que son un “elemento de flexibilidad” y suponen una alternativa a los despidos que «de manera más contundente» se produjeron en anteriores crisis.
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Esto implica que su administración ahora apuesta por mantener el tejido productivo y empresarial en un contexto de financiamiento desde el Estado por la vía de la liquidez en forma de créditos para reposiciones de inventarios y de inversiones, así como también un flujo de financiamiento a modo de subsidio de cobertura socioeconómica para saldar los salarios de los trabajadores que han sido contratados en el régimen de los ERTE según las decisiones de cada empresa.
Durante la presentación del plan de ayudas al sector, los expedientes de regulación temporal de empleo (ERTE) han sido al tema recurrente de varias intervenciones de representantes sindicales y de las patronales, que han instado al Gobierno a extender las ayudas de los ERTE más allá del plazo establecido para salvaguardar el empleo y recuperar el impulso de una actividad que representa el 13% del PIB español y el 14% del empleo.
Es decir, el sector laboral genera con su mano de obra y su capital humano unos 182.000 de euros en aportes al PIB, mientras que abarca a más de 2 millones de españoles insertados en el esquema socioeconómico de la toda la fuerza de trabajo del país.
El Gobierno corre con el ahora más abultado gasto público por financiar los pagos mensuales de los empleados adscritos a los ERTE, quienes tienen horarios de trabajo más flexibles por el estado de alarma derivado de la pandemia de coronavirus, pero no dejarán de percibir sus ingresos.
Sin embargo, esta medida de Sánchez podría jugar en contra de la ya mermada y deteriorada estructura fiscal del Estado, que tiene un déficit del -3% del PIB, atizado por las pensiones, los ajustes salariales, las ayudas del ingreso mínimo vital para más de 260.000 familias y el pago de los ERTE a más de 500.000 empleados, tomando en cuenta que la crisis sanitaria ha dejado sin trabajo a más de 900.000 españoles.
Los hechos también indican claramente que, mientras el Gobierno no reciba los recursos del próximo fondo europeo de reconstrucción, entonces tendrá que seguir echando mano de la liquidez de emergencia para cubrir los ingresos de la población que mueve el motor laboral, empresarial e industrial de España. @mundiario
MUNDIARIO