El presidente Sebastián Piñera dijo que «no habrá impunidad» ni con los que ejercieron «inusitada violencia» durante las manifestaciones en Chile, que cumplen un mes este lunes y ya dejan 23 fallecidos, ni para los agentes del Estado que cometieron «atropellos o abusos».
Durante una conferencia ante la prensa el 17 de noviembre en el Palacio de La Moneda –sede del Ejecutivo- Piñera afirmó: «Lamentablemente, y a pesar del firme compromiso y de todas las precauciones que tomamos (…) para proteger los derechos humanos de todos, en algunos casos no se respetaron los protocolos, hubo uso excesivo de la fuerza, se cometieron abusos o delitos y no se respetaron los derechos de todos».
El mandatario agregó que el Gobierno está comprometido con los derechos humanos, la verdad y la Justicia. Además, el líder confirmó que están ahondando en los casos de abusos reportados. «Están siendo investigados por sumarios administrativos de nuestras Fuerzas Armadas o de orden, o por la Fiscalía. Que sigan siendo investigados para que, en función del mérito de la causa, puedan ser conocidos y juzgados por nuestros tribunales de Justicia», advirtió Piñera.
Las violentas protestas, reprimidas fuertemente por las fuerzas de seguridad, dejan 23 muertos y más de 2.000 heridos
La brutalidad con la que las fuerzas de seguridad están reprimiendo las marchas pacíficas dejan ya 23 muertos en cuatro semanas de protestas, entre los que se hallan seis extranjeros. Entre el total de decesos cinco ocurrieron presuntamente por la intervención de las Fuerzas del Estado, tanto policías como Fuerzas Armadas, cuando rigieron los estados de emergencia en las primeras semanas.
El presidente chileno expresó su «solidaridad y condolencias» a las personas que fueron «víctimas de esa violencia, con los que sufrieron lesiones y muy especialmente» a los familiares de los fallecidos.
Por su parte, según el Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) de Chile, el número de heridos sigue aumentando y suman a estas alturas 2.381, de los cuales 1.360 fueron por disparos (de balas, perdigones, balines o armas de fuego no identificadas) y el resto por golpes, gases lacrimógenos y otras formas de lesión.
Diversos organismos internacionales alarmaron a la comunidad internacional sobre lo que los médicos chilenos denominaron «epidemia» de mutilaciones oculares, fruto de disparos al rostro por parte de Carabineros con armas de munición no letal que, sin embargo, dejan al menos 217 lesionados de esta índole.
El caso más dramático tuvo lugar el 9 de noviembre cuando el joven Gustavo Gatica, de 21 años, recibió disparos en ambos ojos, perdiendo la visión total en uno de ellos, con altas probabilidades de que se quede totalmente ciego, según los médicos.
Una nueva Constitución que entregue «legitimidad y estabilidad» a un nuevo y necesario pacto social
Más allá de las protestas, Piñera también hizo mención al acuerdo por una nueva Constitución logrado en el Parlamento en la madrugada del pasado viernes 15 de noviembre y que marca el camino hacia una nueva Carta Magna, con la relación de dos plebiscitos ciudadanos al comienzo y al final del proceso.
«Si la ciudadanía así lo decide, avanzaremos hacia una nueva Constitución, la primera elaborada en plena democracia y aceptada y respetada por todos», ilustró Piñera. La actual Carta Magna es heredada de la dictadura militar de Augusto Pinochet (1973-1990).
La redacción de una nueva Constitución es una de las principales demandas de los manifestantes. Los parlamentarios acordaron la madrugada del pasado viernes la convocatoria de un referendo en abril del 2020 para preguntarle a la ciudadanía si quiere un nuevo texto constitucional y qué tipo de órgano debería redactarlo, algo que Piñera había rechazado al comienzo de la crisis y que tampoco ha conseguido calmar los ánimos en las calles.
El mandatario señaló que espera que la nueva Constitución, en caso de que la población vote en favor de redactarla, entregue «legitimidad y estabilidad» a un nuevo y necesario pacto social, ya que según consideró, el actual «se resquebrajó» con el estallido social.
Este lunes 18 de noviembre se cumple el primer mes del estallido social y las movilizaciones en Chile, que comenzaron por una subida del precio del billete de metro y que se transformó en un clamor popular contra el desigual modelo económico del país, la represión y el Gobierno, que decretó el estado de emergencia y el toque de queda durante los primeros días.
Son las protestas más graves desde el retorno de la democracia en 1990, que han dejado varios episodios de violencia, saqueos, incendios, destrucción de mobiliario público y fuertes enfrentamientos entre los manifestantes y las fuerzas policiales, cuestionadas por la represión y sobre las que caen las denuncias por presuntas violaciones a los derechos humanos.
Con EFE