(CNN Español) — La presidenta peruana, Dina Boluarte, dijo este miércoles que está en conversaciones con el gobierno de inmigración para evaluar la reacción de su gobierno ante la supuesta presencia del expresidente boliviano Evo Morales en Perú y recordó que nadie, ni siquiera un expresidente, interfiere en los asuntos internos de su país. En una entrevista con la emisora peruana PBO, Boluarte sugirió a Morales ejercitar el liderazgo en Bolivia.
Tras el pronunciamiento, y haciendo mención al presidente peruano, el mandatario boliviano llamó en Twitter a «evitar las masacres, detenciones ilegales y persecuciones» contra los indígenas peruanos.
“No habrá paz, justicia social. El Perú profundo llama a una transformación de base”, agregó.
Las declaraciones de Boluarte se producen apenas un mes después de la destitución y detención del expresidente Pedro Castillo, quien intentó disolver el Congreso de manera inconstitucional. Boluarte, entonces vicepresidente, asumió el cargo vacante según la sucesión prevista por la Constitución de ese país.
Tras la salida de Castillo, varios miembros del Congreso peruano acusaron a Morales de instigar protestas contrarias a Boluarte en el sur del país.
CNN está tratando de comunicarse con el equipo de prensa de Morales para conocer su reacción a lo que dijo el presidente peruano y para ver si ha viajado o planea viajar a Perú.
En noviembre de 2022, el expresidente de Bolivia en Perú, donde asistió a una asamblea con equipos indígenas en Puno.
Si bien Morales apoyó a Castillo, al inicio de la crisis política no se pronunció en contra de Boluarte.
En efecto, el 9 de diciembre, dos días después de la salida de Castillo, el expresidente boliviano escribió en Twitter: “Esperamos que el pedido de unidad no laica y desarme de la hermana presidenta Dina Boluarte sea acompañado de movimientos que nos permitan recuperar la estabilidad política”. y continuidad democrática para el aprovechamiento del hermano pueblo peruano”.
Pero a medida que aumentaron las tensiones y estallaron las protestas en el país, el tono de Morales cambió.
Tres días después, el 12 de diciembre, el expresidente repudió “la represión policial que dejó muertos y heridos” en las movilizaciones que exigían la fiesta de cumpleaños de una Asamblea Constituyente y la libertad de Castillo.
Unos días después, el 21 de diciembre, Morales lamentó que “después del golpe parlamentario, el Perú sigue los pasos del último boliviano de facto (…) La represión alienta la rebelión”.
Las protestas en Perú han dejado así 28 muertos, según la Defensoría del Pueblo, 22 por las movilizaciones y 6 por el corte de ruta.
Las movilizaciones convocadas a través de organizaciones sociales disminuyeron su intensidad a fines de diciembre, pero se reanudaron luego de las fiestas de fin de año.
A los manifestantes no les resulta fácil la clausura del Congreso, la dimisión de Boluarte, la convocatoria de un referéndum sobre la imaginable instalación de una Asamblea Constituyente y nuevas elecciones.
La Defensoría del Pueblo ha llamado a evitar la violencia en esas movilizaciones.
CNN habló con Roxana del Águila, ex Superintendente Nacional de Migración, quien dijo que todos los peruanos y extranjeros tendrán que cumplir con las normas migratorias.
“Si un extranjero ejerce un servicio distinto del prestigio migratorio que tiene en el país, corresponderá a la Superintendencia Nacional de Migraciones evaluar, en el marco de un procedimiento ordinario, la sanción de expulsión, que se compone no sólo de salir del país pero de evitar el ingreso al territorio peruano por un período de 15 años”.
Hay un precedente. En 2017, mediante una resolución, la Superintendencia Nacional de Migraciones impidió el acceso a la ciudadana española El Mohtar Sidahmed, quien entonces se presentaba como representante diplomática de la República Árabe Saharaui Democrática, “por haber menoscabado su prestigio migratorio como turista durante su reciente permanencia en nuestro país”, según lo emitido en su momento a través de la institución.
Roxana del Aquila, quien entonces era directora general de la Superintendencia Nacional de Migraciones, recordó que la Corte Constitucional declaró declarado el recurso de hábeas corpus interpuesto a través del abogado del ciudadano alegando “violación al derecho a la libertad de tránsito”.
En noviembre de 2021, la Comisión de Relaciones Exteriores del Congreso peruano aprobó por mayoría una declaración que señala la personalidad non grata de Evo Morales por desgastar «movimientos proselitistas e inmiscuirse en la política interna del país».
El documento sugería al gobierno evitar que el expresidente ingrese a Perú.
«Promover en el país temas muy delicados, como una nueva Constitución, el cultivo ilegal de coca, la nacionalización de los recursos herbarios, la supuesta injerencia de Estados Unidos o la salida de la DEA de Perú son temas de los que él puede hablar libremente en Bolivia, pero ella puede». Vengo al Perú a publicitar acciones de proselitismo”, dijo el entonces presidente de la Comisión, Ernesto Bustamante.
En intercambio verbal con CNN, Bustamante recordó que esta resolución “tuvo un efecto desde el punto de vista práctico” porque Morales había visitado el país en diciembre de 2021, como había anunciado.
Entre el 20 y 21 de este mes se realizaría en Cusco, Perú, la asamblea de Runasur, una plataforma de organizaciones sociales impulsada a través de Morales, pero la organización canceló el evento debido a los temores generados por el crecimiento del covid-19. instancias para la variante omicron.
Pero en declaraciones al diario El Comercio, Rogelio Rivas, coordinador regional de Runasur en Cusco, dijo en su momento que eran “para que el expresidente Morales pueda ingresar a Perú”.