Pi?era ya cedió en un asunto fundamental, el de una Constitución Nacional que sustituya a la aprobada en 1980, en plena dictadura de Pinochet. Pero, como en muchos otros órdenes, sus críticos lo acusan de haber llegado tarde, y en el propio Ejecutivo hay cada vez más voces que le reclaman al presidente una apertura total: léase, que la ciudadanía vote una Convención Constituyente.
Pero el presidente quiere que esa Constitución sea escrita entre los miembros del Parlamento, votado hace apenas 18 meses, y una representación elegida ad hoc. Luego habría un plebiscito para retificarla. La oposición pide una Convención Constituyente con todas las de la ley, lo que incluiría dos votaciones populares (una para elegir convencionales y el plebiscito), y ese reclamo seduce además a cada vez más integrantes de la coalición oficialista de derechas Chile Vamos, que integra a tres partidos, según el periódico digital El Mostrador: «Con las semanas, las diferencias con el mandatario han pasado de ser sutiles a evidentes».
Gobierno y oposición se reunieron hoy para intentar un punto de acuerdo mientras no cede el estado de insurrección social que se inició el 18 de octubre, cuando una protesta de estudiantes por un alza en el billete del metro de Santiago creció hasta niveles inesperados. Buena parte de la red del metro de la capital chilena quedó inutilizada, Piñera reaccionó dándole a los militares el control de la seguridad e imponiendo el estado de sitio y 1,2 millones de personas se manifestaron pidiendo un cambio. El balance hasta el momento es de 24 muertos, miles de heridos y 201 personas que perdieron total o parcialmente un ojo debido a los balines utilizados por los Carabineros, la policía militarizada del país. Hay, además, una gran cantidad de denuncias por violaciones a los derechos humanos, desde abusos físicos a abusos sexuales, pasando por asesinatos adjudicados a las fuerzas de seguridad. Jaime Mañalich, ministro de Salud, calificó de «brutal» el número de personas con lesiones oculares y reconoció casos de violaciones a los derechos humanos. Su sinceridad fue celebrada por muchos en el Gobierno y vista con desagrado por otros.
En la reunión celebrada en la sede del Congreso Nacional, en Santiago, los partidos de Chile Vamos presentaron la propuesta de una Convención Constituyente «integrada por un 40% de parlamentarios, 40% de personas elegidas por la ciudadanía y un 20% de delegados designados», según El Mercurio. La propuesta fue rechazada por el opositor Partido Socialista, que en los tiempos del segundo mandato de la presidenta Michelle Bachelet había avanzado con una propuesta de nueva Constitución. La de Pinochet fue enmendada decenas de veces, pero no en aspectos fundamentales.
Ernesto Águila, analista político, asegura que Piñera enfrentará peligros serios si no cede pronto en el asunto de la reforma constitucional: «Si el procedimiento no tiene la legitimidad de la voluntad popular, se puede cerrar en falso».
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Prácticamente ningún chileno se ha leído la constitución ni tiene la menor idea de qué habría que cambiar en ella. Como decía una candidata presidencial, «escribamos una nueva constitución, aunque sea con faltas de ortografía». Piñera está dando palos de ciego y se equivoca lastimosamente si cree que nada de lo que haga (salvo quizás entregar el poder directamente a la izquierda radical) va a parar el desenfreno vandálico al que se ha entregado parte de la población. En Chile cuando estás comprando en un gran supermercado no puedes perder el ojo de tu carro porque es mucho más cómodo quitárselo a alguien que hacer cola afuera para conseguir uno. Esto es lo que está detrás de las «protestas sociales», que, efectivamente, llevan ya 24 muertos, muchos de ellos vándalos quemados vivos por otros vándalos (de ese tipo de vulneración de los derechos humanos la noticia no dice nada, por supuesto).