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Es cierto que Piñera, cuya popularidad ha caído a niveles mínimos, no controla el poder legislativo, -con mayoría de las fuerzas de izquierda-, pero puede no ser prudente aceptar las condiciones que quieren imponer los manifestantes, justo en el momento en el que el país está sumido en el mayor estallido de violencia desde que se recuperó la democracia al inicio de los 90, con 22 personas muertas y 2.000 heridas, entre otras razones por la violenta represión de los Carabineros, señalados por la posible violación de los Derechos Humanos.
Además, nadie asegura a Piñera que los violentos se vayan a replegar por el anuncio de una reforma constitucional. Porque aunque las condiciones económicas han mejorado en los últimos años, las desigualdades de renta continúan siendo muy altas y las clases medias han visto disminuir su poder adquisitivo debido a las consecutivas subidas de precios de este año en los recibos de la luz, del agua, en los transportes y los medicamentos. No se trata sólo de la insurrección de las clases más desfavorecidas, sino de la mayor parte de una sociedad que percibe que no se beneficia de los avances económicos.
Desde las protestas de estudiantes de 2011, la elaboración de una nueva Constitución ha sido una constante demanda de toda la izquierda. La actual fue aprobada sin garantías en 1980, durante la dictadura de Pinochet, reformada varias veces, ratificada con modificaciones sustanciales en 2005 por el ex presidente Ricardo Lagos y luego por Michelle Bachelet que, antes de finalizar su mandato, propuso la redacción de un nuevo texto. Ahora, en el plebiscito pactado para el próximo mes de abril, los chilenos deberán responder a una doble pregunta: si quieren una nueva Constitución y quién quieren que la redacte; o una Convención Mixta Constitucional, compuesta a partes iguales por parlamentarios en ejercicio y ciudadanos elegidos para la ocasión, o por una Convención Constitucional formada sólo por nuevos representantes. El texto, que tendría que ser de nuevo ratificado en las urnas, entraría en vigor en 2021.
Es de esperar que esta solución apacigüe la violencia en el país, y que no se revele como una temeraria huida hacia delante de Piñera, que parece empeñado en repetir los errores de Macri en Argentina.
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La debilidad de Piñera es un reflejo de la debilidad de la burguesía que ha venido dominando el destino de Chile, pero las cosas han llegado a un punto de inflexión, y la voluntad mayoritaria está en proceso de implantar una forma nueva de gobierno, hacia una democracia participativa en la que se respeten los derechos del pueblo, y que seguramente veremos consolidada en 2020. Piñera, con su ‘democracia’ burguesa, quedará en el basurero de la historia, que es el lugar que merece.