La voz del pueblo lleg? ellunes a la sede del Congreso en Santiago de Chile. Cientos de manifestantes rodearon el edificio sede del Legislativo para mostrar su rechazo a la agenda de Gobierno anunciada por el presidente chileno Sebastián Piñera, con el fin de enfrentar la crisis política y social que sacude el país desde hace casi un mes. Los activistas exigieron, entre otras coas, que los legisladores se abstengan de aprobar proyectos de Piñera -por ejemplo, el aumento de las pensiones que se debatirá este martes- y que a su criterio «sólo apuntan a profundizar la desigualdad».
La presidenta de la Central Unitaria de Trabajadores, Bárbara Figueroa, defendió la convocatoria de la Mesa de Unidad Social para esa última concentración. Destacó su trabajo en la realización de más de 300 asambleas en 73 comunas con más de 10.000 personas que elaboran petitorios para las autoridades, entre ellos un aumento de las pensiones y una reforma constitucional.
«En la medida en que no haya presión, hay una agenda del Gobierno que va a seguir avanzando y está en las antípodas de las demandas que los chilenos exigen en las calles», advirtió la presidenta del sindicato. Según Figueroa, los ciudadanos piden un nuevo sistema de pensiones solidario y de reparto de la riqueza, junto a la nacionalización de sectores claves como el agua, la electricidad, y recursos naturales como el litio y el cobre. También exigen educación y salud de calidad y gratuitas.
La revuelta social en Chile comenzó el 6 de octubre a raíz del aumento de las tarifas del metro. Los estudiantes llamaron entonces a no pagarlo. La protesta se amplificó y el 18 de octubre se extendió a todo el país mediante marchas, barricadas, cortes de tráfico y caceroladas que en algunos casos -con la represión de por medio- derivaron en saqueos, incendios y otros actos violentos.
«Brutal represión»
Piñera ordenó reprimir las protestas mediante la declaración del «estado de emergencia» y los «toques de queda», habilitando al Ejército a patrullar las calles. Por su parte, la Policía actúa a diario con coches lanzaagua, bombas de gas lacrimógeno y disparos de bala para dispersar a la multitud. La Fiscalía informó de que ya hay 23 muertos y el Instituto Nacional de Derechos Humanos contabilizó 1.659 heridos y 4.364 detenidos desde el inicio de la revuelta.
La concentración este lunes frente al Congreso coincidió con la visita al palacio de La Moneda de la Premio Nobel de la Paz 1992, Rigoberta Menchú. Esta entregó al presidente Piñera un documento en el que le pide que frene la «brutal represión» de las protestas, al tiempo que denuncia «graves y sistemáticas violaciones a los Derechos Humanos» perpetradas por la Policía y por el Ejército. La dirigente guatemalteca alertó sobre «palizas, torturas, violaciones sexuales, desapariciones y ejecuciones».
La visita de Menchú al palacio de La Moneda en Santiago, junto a otros dirigentes de Derechos Humanos, se hizo poco antes del inicio de varias manifestaciones en el centro de la capital y en ciudades del interior del país convocadas por la Mesa de Unidad Social -compuesta por un centenar de organizaciones sindicales y sociales-, todas bajo el lema «Esto no ha terminado».
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