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El lehendakari Iñigo Urkullu se ha mostrado totalmente «molesto y enfadado» por el reparto del fondo Covid de 16.000 millones de euros para las comunidades autónomas que excluiría a Euskadi, por su régimen foral, del tramo de 5.000 millones. Por ello, ha reclamado la reunión urgente de la comisión mixta del Concierto Económico y ha dicho al presidente Pedro Sánchez que la confianza se demuestra «con los hechos».
En una entrevista en ‘Onda Cero’, preguntado por su nivel de enfado con Sánchez en un ránking del 1 al 10, ha respondido que se encontraría en el máximo, en el 10. El Gobierno vasco ya manifestó este martes su «rotunda disconformidad» con los criterios de distribución del fondo Covid de 16.000 millones aprobado por el Ejecutivo central, dado su «planteamiento unilateral» y la exclusión «arbitraria» de Euskadi del cuarto tramo. Por ello, reclamó la celebración con urgencia de la Comisión Mixta del Concierto para acordar bilateralmente el reparto y reconducir esta «flagrante vulneración» de la Ley del Cupo.
Urkullu, que desde que comenzó la desescalada viene reclamando que se recuperen los órganos bilaterales Euskadi-Estado, ha revelado que ha remitido «comunicaciones» al presidente del Gobierno sobre la necesidad de abordar este tema en una Comisión Mixta del Concierto, respetando «la singularidad y a la relación financiera» entre los Ejecutivos. El lehendakari ha explicado que «aun no participando del tramo de los 5.000 millones, aun cuando todo obedece a un fondo excepcional, y en los otros tres tramos (los dos de gasto sanitario y el de educación) tenemos que participar» se convoque la Comisión Mixta para fijar la capacidad de endeudamiento y el incremento del objetivo de déficit del que puede disponer Euskadi «para compensar la no financiación en ese cuarto tramo por la caída de recaudación».
Iñigo Urkullu ha asegurado que no ha recibido respuesta por parte de Pedro Sánchez y la contestación que el consejero de Hacienda. «Exigimos la reunión urgente de la comisión mixta del Concierto Económico», ha insistido, tras recordar que el Gobierno central ya se comprometió el pasado 11 de marzo a celebrar una nueva reunión en el primer semestre del año, una cita, que ha insistido, debe celebrarse urgentemente.
Preguntado por si se fía de Sánchez más o menos que antes de la crisis del Covid-19, ha dicho que no es que se fíe «más o menos», sino que en las relaciones institucionales debe prevalecer la voluntad de acuerdo. «Nosotros la tenemos. Hemos ofrecido alternativas», ha dicho.
Más allá de que haya elecciones el 12 de julio, lo que exagera sobremanera el discurso de todos los actores, lo cierto es que este encontronazo no tiene pinta de ser un simple acaloramiento. La «indignación» y el «considerable enfado» que existe en el Gabinete que lidera Iñigo Urkullu barrunta una serie de llamadas al más alto nivel entre Moncloa y Lakua, y en su caso, con Sabin Etxea, donde ya han tenido que recordar varias veces estos últimos meses que la continuidad de Sánchez depende de sus seis escaños en el Congreso.
Una de las veces fue, precisamente, por el acuerdo que el PSOE alcanzó con EH Bildu para derogar de forma íntegra la reforma laboral y para que las administraciones vascas y navarras tuvieran más margen de maniobra a la hora de gastar. En ese polémico pacto, luego matizado por el PSOE tras la presión del PNV, se hablaba sobre todo del superávit de los ayuntamientos, algo que todavía está en el aire. Casualmente, el Consejo de Ministros hizo este martes un guiño en este sentido avalando legalmente que las comunidades autónomas que tuvieron superávit en 2019 –léase Euskadi, Navarra y las Islas Canarias– puedan gastárselo para afrontar el déficit del presente ejercicio.
Pero si la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, pensaba que se trataba de un guiño al Gobierno vasco, nada más lejos de la realidad. Fuentes del Ejecutivo autonómico restaron relevancia a este anuncio y aseguraron que el superávit ya se venía destinando a «inversiones financieramente sostenibles». En la actualidad, existen en torno a 100 millones de remanente. Lo que piden Urkullu y el equipo del consejero Pedro Azpiazu es, por un lado, que se fijen «desde ya» las reglas de juego que en materia de déficit y deuda van a existir de cara al año que viene y, por el otro, que se aclare y se modifique el reparto de los 16.000 millones del fondo Covid.
De esta cantidad, Euskadi ha sido excluida del tramo de 5.000 millones referido a la caída de la recaudación. «En este último tramo no participan las comunidades forales, que tienen un sistema tributario particular, ya que recaudan la práctica totalidad de los impuestos, así que son poco homologables en este tramo al resto de comunidades y por tanto se decidirá en el marco de la Comisión Mixta la compensación que hubiere lugar en términos de déficit y deuda que se acordaran en ese órgano», precisó la ministra portavoz en relación con la fiscalidad del País Vasco y Navarra. Por contra, María Jesús Montero sí habló de negociar los márgenes de déficit y deuda que tendrán ambas comunidades en 2021, tal y como viene exigiendo Vitoria.