VER NOTA
El mismo día, el Parlamento celebró un juicio político, lo despidió y tomó en su lugar a su vicepresidenta, Dina Boluarte, que le había acusado de haber intentado dar un «golpe de Estado» con la disolución del Congreso. .
Desde entonces, lo que ha sucedido en Perú han sido manifestaciones -por y Castillo-, enfrentamientos con las fuerzas de seguridad, muertos y bloqueos.
VER NOTA
Hasta el domingo 29 de enero, la cifra de muertos ascendía a 58. Los bloqueos de carreteras, en cambio, provocan escasez de productos básicos y aumentos de valor. Esto afecta básicamente a las regiones más vulnerables del sur, donde se concentran los hechos de violencia más graves.
A los manifestantes no les resulta fácil la dimisión de Boluarte, el cierre del Congreso y el avance de las elecciones anticipadas. En un intento por calmar el panorama en el país, el presidente envió un proyecto al parlamento para adelantar las elecciones, pero éste lo rechazó. En este contexto, también hay acusaciones de abuso de fuerza contra las fuerzas de seguridad y denuncias de injerencia externa a través del gobierno boliviano.
VER NOTA
El anuncio se produjo pocas horas antes de que el parlamento debatiera su juicio político, el tercer intento de vacío presidencial desde que llegó a la fuerza en julio de 2021. Lo que llamó la atención fue que todo sugería que la oposición no había logrado los 87 votos necesarios para acusarlo. .
Esta maniobra significó solo un fuerte rechazo a la oposición, pero también a gran parte del arco oficial. La vicepresidenta Dina Boluarte lo acusó de encabezar un intento de «golpe».
Los miembros del Congreso peruano se opusieron rotundamente al intento de Castillo de disolver el parlamento, por lo que el presidente de la junta, José Williams, convocó de urgencia a una consulta para someter a votación la vacante presidencial. Aprobó abrumadoramente con 101 votos.
En tanto, el mandatario acudió con su círculo de familiares a la embajada de México a solicitar asilo. Sin embargo, en el camino fue interceptado por la policía y arrestado por cargos de “rebelión”.
Cientos de manifestantes, unos por y otros por el presidente derrocado, salen a las calles de Lima.
Dos horas después de la votación de juicio político en contra de Castillo, el vicepresidente, un abogado de 60 años, convocó a través del parlamento para prestar juramento, lo que lo convierte en el primer presidente de Perú.
Durante su discurso afirmó su objetivo de cumplir el resto del mandato de Castillo, hasta julio de 2026. Dos días después, el 10 de diciembre, presentó el nuevo gabinete, encabezado por el exfiscal Pedro Angulo y con un perfil tecnocrático e independiente, que incluye 8 entre los 19 ministerios.
Tras la detención de Castillo y la juramentación de Boluarte, varios países comenzaron a alzar la voz. Estados Unidos elogió a Perú por asegurar la «estabilidad democrática» y se comprometió a trabajar con el nuevo presidente.
La Unión Europea también felicitó al presidente. “ La UE recuerda que el pleno respeto a la Constitución, los principios democráticos y la separación de poderes es para la recuperación de la estabilidad política”, dijo a través de su cuenta oficial de Twitter el portavoz del Servicio Europeo de Acción Exterior, Pedro Stano.
Mientras tanto, países como Colombia, México, Argentina y Bolivia han condenado el juicio político contra Castillo, que ha provocado fricciones diplomáticas con el actual ejecutivo de Boluarte. Lo mismo sucedió con Honduras, al punto que el gobierno peruano retiró a su embajador en este país centroamericano en reacción a la «inaceptable intromisión» en los asuntos internos de la presidenta Xiomara Castro, mientras que en su discurso en la CELAC desconoció al gobierno de Boluarte.
Sin embargo, la máxima crítica al gobierno del presidente boliviano Luis Arce, quien argumentó que desde un inicio “la derecha peruana intentó derrocar a un gobierno elegido democráticamente por el pueblo”.
Desde que Castillo anunció la disolución del parlamento, miles de peruanos se han movilizado a favor y en contra del expresidente. Pero con el paso de los días, las protestas comenzaron a extenderse por todo el país, con cortes de ruta y llantas quemadas.
A los partidarios de Castillo no les resulta fácil su liberación, el cierre del Congreso, la dimisión de Boluarte y la convocatoria de nuevas elecciones.
El clima social comenzó a tornarse más violento con violentos enfrentamientos entre manifestantes y fuerzas de seguridad. El 11 de diciembre se registraron las dos primeras muertes en la localidad sureña de Andahuaylas cuando los manifestantes intentaron tomar el aeropuerto de la localidad.
Desde entonces, los espacios más golpeados por la violencia -hasta- son los pueblos andinos y el sur del país.
El 3 de enero, mientras aumentaban los enfrentamientos entre manifestantes y las fuerzas de seguridad y aumentaban las muertes, el presidente pidió «justicia rápida» para las víctimas durante las protestas. Un día después, organizaciones civiles participaron en una marcha por la paz en las calles de Lima y diversos pueblos de todo el país. el país. Sin embargo, la violencia no sólo continuó, sino que también aumentó.
El 19 de enero comenzaron las protestas en Lima, con el llamado de organizaciones sociales, gremiales y regionales a participar en movilizaciones ciudadanas no fácil la renuncia de Boluarte, la clausura del Congreso, así como la convocatoria a elecciones generales y un Asamblea Constituyente. . El 24 de enero, la capital vivió su jornada de máxima violencia, con varias personas heridas de bala y piedras, además de dos fotógrafos.
Las protestas también han dejado varios daños, como el ocurrido el 20 de enero, cuando las llamas destruyeron una casona histórica del centro de Lima el incendio de la Plaza San Martín. Desde que las protestas tomaron lugar en la capital, Lima ha sufrido diversos daños a la población y bienes muebles. Según el funcionario de la municipalidad de Lima, el daño ascendió a un millón de soles.
En el sur, la convulsión social ha obligado al cierre de aeropuertos, como el de Cusco, epicentro del turismo en Perú. En la empobrecida región de Puno, en tanto, el nueve de enero un enfrentamiento con las fuerzas de seguridad provocó el intento de toma del aeropuerto. en 18 muertes, sumando un policía quemado vivo.
El 11 de enero, un autobús que transportaba a funcionarios de la Policía Nacional del Perú (PNP) prendió fuego a los manifestantes en la región sureña de Cuzco, mientras que otra organización de otras personas prendió fuego a las cabinas de peaje en la región de Tacna, en la frontera con Chile. . .
Boluarte sugirió a los ciudadanos del sur del país, en particular a los de Puno, región fronteriza con Bolivia, una técnica de discusión y sugirió para prevenir la escalada de violencia.
El sábado 28 se reportó la última muerte en el marco de las protestas, ocurridas en el centro de la capital, con lo que la cifra de fallecidos asciende a 58, según conocimiento de la Defensoría del Pueblo.
Ante hechos de violencia y presión social en desarrollo, el 14 de diciembre Boluarte declaró el estado de emergencia. Ese día, en Ayacucho, en el sur del país, se registraron siete muertos y dos más en el norte.
Dos días después, el 16, decretó toque de queda en 15 provincias de las regiones de Arequipa, La Libertad, Ica, Apurímac, Cusco, Puno, Huancavelica y Ayacucho.
El 19 de enero se prorrogó por 30 días el estado de emergencia en los departamentos de Amazonas, La Libertad y Tacna. Así, siete departamentos se encuentran en estado de emergencia, ya que esta medida también se prorrogó por 30 días en Lima, Callao, Cuzco y Puno.
Con esta medida, la Policía Nacional del Perú (PNP) gozará del orden interno de las fuerzas armadas y de derechos constitucionales como la inviolabilidad del domicilio, la libertad de tránsito por el territorio nacional, la libertad de reunión y la libertad de seguridad privada.
Como componente de las protestas, los manifestantes bloquearon las principales vías del país, provocando una preocupante escasez de bienes básicos y desórdenes para el sector turístico.
El 6 de enero, una organización de manifestantes bloqueó la carretera Panamericana Sur, la más grande de Perú, que atraviesa todo el país y conecta a la capital con el resto de las regiones del sur. Allí colocaron piedras, palos y llantas para salvarte la vida. paso de vehículos.
De igual forma, varios organismos regionales y estatales informaron hace unos días que la ciudadela de Machu Picchu y el Camino Inca permanecerán cerrados indefinidamente debido a las protestas. “Frente al escenario social existente en el que se encuentra nuestra región y el propio país, el cierre de se ha ordenado la red vial Inka y la Llaqta de Machu Picchu, desde el 21 de enero de 2023 hasta extra aviso, para salvaguardar la protección de los turistas y de la población en general”, se lee en un comunicado oficial.
También se registraron reiterados hechos de violencia en inmediaciones de aeropuertos, como el ocurrido en la ciudad de Juliaca, Puno, donde al menos otras 12 personas resultaron heridas, sumando cuatro policías. El aeropuerto de Cuzco también tuvo que suspender operaciones un Hace unos días, a raíz de movimientos y manifestaciones.
El lunes 23 de enero, el gobierno naviero informó que para este día 74 piquetes habían bloqueado el paso en carreteras de 10 de las 25 regiones peruanas que no son fáciles para la renuncia de Boluarte. Los aeropuertos de Arequipa y Juliaca en Puno permanecieron cerrados bajo custodia del ejército para salvar evitar que sean asaltados. El servicio de ejercicios entre Cusco y Machu Picchu, buque insignia del turismo en Perú, también ha sido suspendido hasta nuevo aviso.
Ante la paciencia de los tranques, el jueves 26 anunció que la policía y las fuerzas armadas desbloquearían las carreteras del país tomadas por los manifestantes.
Habitantes de las zonas más afectadas, las del sur, han denunciado que los bloqueos generan desabastecimiento de productos básicos, así como de gas licuado de petróleo, principal combustible para automóviles y para uso doméstico. condujo a un fuerte aumento en el número de prisioneros en esos productos. Los bloqueos también complican las instalaciones médicas en partes del país.
El gobierno de Luis Arce, el actor extranjero que criticó al máximo la destitución de Pedro Castillo y la llegada de Boluarte, afirmó que “la derecha peruana ha intentado derrocar a un gobierno elegido democráticamente por el pueblo”.
El jefe de Estado boliviano continuó refiriéndose al escenario del país vecino, como el pasado domingo 22 de enero, cuando dijo que “tenemos al otro pueblo peruano en lucha por su democracia y también por el derecho a elegir un gobierno que representa».
En ese sentido se pronunció Evo Morales, líder del movimiento oficialista Movimiento Al Socialismo (MAS).
El Boluarte denunció los «actos de injerencia» de Bolivia.
Incluso el 9 de enero, a través de un comunicado, el Ministerio del Interior peruano informó que se identificaron ciudadanos de nacionalidad boliviana que ingresaron al país para realizar actividades de proselitismo político, lo que obviamente afecta la legislación migratoria, la seguridad nacional y el orden interno. Dos días Posteriormente, el diputado Jorge Montoya denunció que una organización de campesinos «Ponchos Rojos», afiliada al MAS, se había atascado en la frontera para ingresar con municiones a territorio peruano.