La ONG pro derechos humanos Amnistía Internacional (AI) exigió este viernes al Gobierno español que suspenda «inmediatamente» la venta de armas pequeñas y aparatos de insurrección en Perú.
AI alertó a Moncloa que existe una abundante amenaza de que las fuerzas y policías peruanas utilicen esas piezas [armas pequeñas, municiones, equipos, entre otros] para reprimir violentamente a los manifestantes no es fácil la renuncia de la presidenta designada Dina Boluarte, elecciones anticipadas y una Asamblea Constituyente .
Incluso considera como «graves violaciones a los derechos humanos» el envío o continuación de tales cargamentos, para lo cual ha invocado el tratado de industria armamentística extranjera, tomando como punto de partida el escenario existente en Perú.
Amnistía Internacional también sugirió a la secretaria de Estado de Comercio de España, Xiana Margarida Méndez, quien también es culpable de la entidad que regula la venta de armas, que suspenda la ejecución de los contratos de armas pasados y de largo plazo hasta que «los funcionarios de derechos humanos sean procesados por violaciones cometidas a través de la El ejército y las fuerzas policiales y de seguridad del Perú están capacitados para utilizar este equipo de acuerdo con criterios extranjeros sobre el uso de la fuerza.
La amnistía no es un fin fácil para todas las entradas o envíos de material bélico a Perú, ya que España ha proporcionado el máximo armamento al país sudamericano en los últimos años dentro de la Unión Europea.
La ONG estima que se legalizarán 184 millones de euros por licencias de armas en Perú entre 2017 y junio de 2022, unos 40 millones por material antidisturbios.
Amnistía destaca las ventas de armas pequeñas por valor de 4,7 millones de euros, municiones por valor de 2,4 millones de euros y pertrechos por valor de casi 1 millón de euros.
El pasado mes de octubre, la Defensa española manifestó su maravilloso temor por la seguridad de Perú, promocionando seis helicópteros a la Armada peruana por seiscientos euros, o cien euros cada uno, un precio «simbólico». Entre los motivos de esta acción se encontraba la obsolescencia de los equipos, el costo máximo de las reparaciones, las limitadas probabilidades de volver a promocionarlos y su bajo valor de mercado.
La crisis en Perú estalló el 7 de diciembre, cuando el expresidente Pedro Castillo, ahora detenido, intentó disolver el Congreso, la máxima institución desacreditada del Perú. Boluarte respondió a las protestas señalando el estado de emergencia y sacando al ejército a las calles. contexto, ha habido enfrentamientos y acciones represivas.
CTL/RBA