En la tarde del miércoles 9 de agosto, el candidato presidencial ecuatoriano Fernando Villavicencio fue asesinado cuando salía de un mitin político en Quito. Este grave escenario se presenta en lo más sensible de la ola de violencia que ha vivido el país en los últimos tiempos, que va desde motines criminales hasta la homicidio de políticos.
Solo este año se han presentado condiciones graves y violentas. En febrero de este año, dos aspirantes a alcalde murieron en atentados y en julio, el alcalde de la localidad de Manta, Agustín Intriago, fue asesinado en un ataque por sicarios mientras visitaba un sitio de estructura. Este hecho sin duda sorprendió al Ecuador.
Ese mismo mes, el candidato a la Asamblea Nacional de la provincia de Esmeraldas, Rider Sánchez, fue asesinado por 4 hombres que presuntamente pretendían robarle prestado su auto. También este mes se desató un enfrentamiento entre presos en el Guayas No. 1 medio de privación en Guayaquil, que dejó 31 muertos. Y no sólo eso, sino que en algunas localidades se han producido ataques y atentados con bombas contra el transporte público, automóviles particulares y locales comerciales.
El desafío con esta violencia es que está fuertemente relacionada con el narcotráfico. Según un informe de julio de la Policía Nacional de Ecuador, muchas provincias donde ocurrieron esos eventos son los principales puertos, lugares utilizados por narcotraficantes para contrabandear drogas hacia o hacia el país. La falta de Estado ha permitido que diversas organizaciones de delincuentes se configuren e identifiquen, lo que no solo ha aumentado la cantidad de droga incautada, sino también el número de homicidios. Pero a pesar de los esfuerzos de las autoridades, este escenario no ha mejorado.
Fernando Villavicencio tenía 59 años y era periodista. Fue líder sindical de la industria y miembro de la Asamblea Nacional de Ecuador antes de postularse como uno de los 8 candidatos presidenciales en las próximas elecciones del 20 de agosto. El candidato se explicó públicamente como un político centrista y se presentó como el candidato del movimiento Construye. Villavicencio había en el pasado se destacó por sus publicaciones e investigaciones sobre la corrupción en el país y su propuesta política se basó en el combate contra las mafias políticas y el narcotráfico, «con la ley y con las armas».
Pero en una de sus actividades de cruzada, el candidato fue asesinado de 3 balazos en la cabeza la tarde del miércoles 9 de agosto. Este hecho también dejó más de 40 heridos y, según la fiscalía ecuatoriana, uno de los sospechosos murió.
El homicidio de Villavicencio fue denunciado a través de la clínica de la mujer, cargo al que había sido trasladado tras el ataque, y se atribuyó a bandas de narcotraficantes. Y es que hace unos días, la candidata ya había sido amenazada a través de la banda de delincuentes “Los Choneros”. , razón por la cual fue a través de la Policía Nacional. Pero a pesar de esas amenazas, algunos medios de comunicación compartieron un video donde supuestamente la banda de narcotraficantes «Los Lobos» se atribuyó el deber del homicidio. Sin embargo, un presunto vocero de esta organización ha llegado a declarar. negar esta información.
El asesinato de un candidato presidencial había tomado posición en la historia reciente de Ecuador, por lo que ante esta grave situación, el actual presidente Guillermo Lasso declaró el estado de emergencia nacional por 60 días. Esta medida consiste en la suspensión de ciertos derechos básicos como la libertad de reunión. , y ha sido uno de los equipos recurrentes del gobierno de Lasso. Finalmente, el presidente sostuvo que las elecciones se realizarían de todos modos el 20 de agosto como estaba previsto, pero con un despliegue militar mayor.
Finalmente, varios gobiernos y cancillerías de América Latina condenaron el asesinato de Villavivencio, sumándose a Chile, Argentina, Brasil, Colombia, México y Perú. De igual forma, se refirió al mismo el embajador de Estados Unidos y China en Ecuador, mientras que la Unión Europea sugirió a la resto de los aspirantes para asegurar un proceso democrático.