Durante la jornada de ayer, el jefe de Estado chileno salió airoso de una acusación constitucional que presentó un bloque de parlamentarios de oposición y en la que se responsabilizó a Piñera «por graves violaciones a los derechos humanos cometidos desde el estallido social». También se lo acusó de haber comprometido «gravemente el honor de la nación» y de «infringir abiertamente» la Constitución.
Por 79 votos a favor y 73 en contra, y en un resultado previsible, la Cámara de Diputados aprobó la denominada «cuestión previa» -que presentó la defensa- y se estableció que la acusación no cumplía con los requisitos establecidos en la Constitución. Eso desactivó el debate sobre el fondo de la acusación que buscaba dar curso a un impeachment contra Piñera.
Si hubiera avanzado, la acusación de fondo debía obtener dos tercios de los votos en la Cámara de Diputados, lo que implicaba necesariamente que miembros de la propia coalición de gobierno votaran en contra del mandatario.
«No era solo una acusación en contra de un presidente, sino que estaba en juego cómo podíamos cuidar nuestra democracia», dijo la vocera del gobierno, Karla Rubilar, mientras el ministro del Interior, Gonzalo Blumel, señaló que tras el rechazo a la imputación esperaba «un clima de entendimiento».
«A través de una acusación constitucional no vamos a lograr mejorar las pensiones, ni la salud o que suban los sueldos. A partir de mañana esperamos que esa sea la prioridad. Ayer después de un día triste en el Senado, hoy día se ha hecho justicia», agregó Blumel en clara referencia al duro golpe que recibió el oficialismo el día anterior: la caída del exministro del Interior, Andrés Chadwick.
En uno de los episodios más complicados para Piñera a lo largo de su segundo mandato, el Senado aprobó la acusación constitucional contra el exministro del Interior por su gestión al comienzo del estallido social.
Chadwick fue acusado de «haber infringido gravemente la Constitución y las leyes, y haber dejado éstas sin ejecución al omitir adoptar medidas para detener violaciones sistemáticas a los derechos humanos».
Con la decisión del Senado de 23 votos a favor y 18 en contra, uno de los colaboradores más cercanos a Piñera y uno de los políticos de mayor peso en el oficialismo quedó inhabilitado para ejercer cualquier cargo público por cinco años.
«Jamás he realizado o he dejado de realizar ninguna acción para permitir la violación de los derechos humanos», se defendió el exministro, quien recibió un fuerte espaldarazo del propio mandatario que además es su primo.
«Mi apoyo, cariño y solidaridad al exministro Andrés Chadwick. Un gran servidor público, con sólidos valores y una inmensa vocación de servicio por los demás. Y lo más importante, un hombre honesto y generoso y una persona íntegra y buena. Andrés: ¡Gracias, muchas gracias!», dijo Piñera en su cuenta de Twitter.
Él dio una entrevista en la radio española Cadena Ser, en la que admitió que no había intuité explosión social. «No lo vi venir», reconoció el presidente, añadiendo que «ciertamente, hemos experimentado algo que nadie había previsto, lo que nunca había sucedido».
«El país venía progresando, pero se venía acumulando un malestar, no en el gobierno que yo presido, sino que venía de gobiernos anteriores. Hubo muchas conductas monopólicas en industrias básicas, y muchos escándalos e irregularidades en el uso de recursos públicos. La gente fue acumulando este malestar y se expresó de repente con mucha fuerza», explicó Piñera.
Pese a ese reconocimiento del justificado malestar ciudadano, sin embargo, el mandatario también atribuyó los incidentes que acompañaron a las protestas desde el estallido del 18 de octubre a la «violencia profesional».
«Nunca lo voy a olvidar, se desató una ola de violencia sistemática, profesional, organizada con tecnología punta que buscaba destruirlo todo. Querían incendiar el país. Ha habido mucha información de países amigos que indican que aquí hubo algo no fue casual y que fue deliberado. Definitivamente aquí vimos algo que nunca habíamos visto», acusó.
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