Con 79 votos a favor de la defensa del mandatario, con apoyo de algunos legisladores de la Democracia Cristiana y el Partido Radical –ambos de la opositora centroizquierda–, y 73 en contra, la Cámara Baja del Congreso puso fin a un proceso que tenía casi nulas posibilidades de lograr la destitución de Piñera.
De avanzar, la acusación de fondo debía obtener dos tercios de los votos en la Cámara de Diputados, lo que implicaba necesariamente que miembros de la propia coalición de gobierno votaran en contra del mandatario.
“Este escenario (de rechazo a la acusación) no está en sintonía alguna con lo que la ciudadanía demanda y reclama en las calles”, señaló la diputada Carmen Hertz, integrante del Partido Comunista, uno de los impulsores de la acusación.
Por su parte, el ministro del Interior, Gonzalo Blumel, señaló que la votación “hace justicia, porque la acusación no tenía mérito”.
Con 24 muertos, miles de heridos –más de 300 con lesiones oculares que en algunos casos provocaron ceguera parcial o total– la acción del gobierno y en especial de las fuerzas de seguridad fueron cuestionadas. Organizaciones nacionales e internacionales de defensa a derechos humanos, incluida la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), órgano de la OEA, denunciaron abusos de las fuerzas de seguridad y cuestionaron los protocolos de Carabineros (policía chilena). En particular, señalaron el uso de perdigones y gases lacrimógenos. AFP