Por Gerardo Vivanco
El 4 de julio de 2022, la Convención de 154 diputados formalizó la entrega de la propuesta de nueva Constitución al país, rito en el pasillo de honor del ex Congreso Nacional, donde durante un año lo que la sociedad civil tomó una decisión a través de una mayoría gigante (alrededor del 80%), el plebiscito del 25 de octubre de 2020, reforma la Constitución de 1980, heredada de la dictadura cívico-militar.
Este resultado se debe a una autoconvocatoria ciudadana nacida a raíz de una movilización que se sumó a las protestas estudiantiles en contra de un aumento en las tarifas de transporte público. Otros jóvenes que, habrá que admitirlo, ven muy claramente que con este presente, no tienen futuro, por la fórmula político-empresarial que impera.
Chile ha sido un país de muchas desigualdades sociales su historia, al igual que otros países latinoamericanos. Nació con la Colonia, durante el fuero de los establecimientos que la iniciaron, con la concentración de la propiedad de la tierra y la datación jerárquica entre altos y bajos. elegancias. Hoy se manifiesta en el sempiterno conflicto estatal mapuche-chileno, el rechazo a la elegancia político-empresarial y el desprestigio institucional.
Lo vital máximo es dar a conocer este proyecto de nueva Constitución, por lo cual dedicaremos este párrafo únicamente a denunciar a la clase político-empresarial chilena, minoría que defiende sus privilegios atacando, desde un principio, este cambio constitucional, a través de propaganda política al margen de la ética, a través de sus gigantescos conglomerados mediáticos y de desinformación, con el objetivo de engañar e infundir terror. El mismo enfoque que utilizó hace apenas unos 50 años para justificar el golpe cívico-militar de 1973.
La Convención inició sus cuadros hace un año, presidida en su primer nivel por la académica mapuche Elisa Loncón. Su última consulta tuvo lugar con su reposición, la epidemióloga María Elisa Quinteros, de 39 años, quien presionó en su último discurso al personaje de la primera Constitución Igualitaria, mujeres, hombres del mundo, redactada con amplio convencimiento y con la esperanza de que el nuevo acuerdo pueda responder a las demandas de los ciudadanos.
La propuesta final está compuesta por 388 artículos y 57 disposiciones transitorias.
Se destacan los ajustes en los que se explica a Chile como un Estado plurinacional e intercultural, donde se identificarán 11 pueblos indígenas y otros que puedan ser identificados en la forma que establece la ley. Se propone que, en las entidades territoriales que conforman el territorio chileno Estado, pueblos y naciones merecen ser consultados y dar su consentimiento en las facetas de sus derechos.
El gran llamado del estallido social de octubre de 2019, que dio origen a este cambio constitucional, fue reivindicarse frente al estilo económico dictado a través de la Constitución de 1980, que privilegia en gran parte al sector personal sobre el estatal, en términos de la provisión de bienes, en particular. educación, fitness y pensiones. Para blindar los bienes sociales, Chile tendrá un Estado social y democrático, esto es, obligado a suministrar bienes y facilidades para garantizar los derechos de las personas.
El cuatro de septiembre Chile tendrá la oportunidad de optar democráticamente por una Constitución que incluya la dignidad, la justicia y la moderación. Conociendo hoy los puntos principales del funcionamiento y participación de los tradicionales (en su mayor parte), habrá que identificar que con un procedimiento austero ya través de jornadas de largas jornadas, durante un año total, han dejado un prometedor y vital punto de partida hacia un Chile donde sea imaginable convivir en red con dignidad y orgullo.
Aprobar la nueva carta es regresar a la legitimidad democrática que permitirá a Chile ingresar al círculo de países con el cartagenismo de moda, donde un derecho imprescindible estará dotado de paridad y vocación ecológica.
Aprobar es eliminar el legado de la constitución de Pinochet, que representó un derecho preventivo sobre la sociedad chilena.
Aprobar es, paso a paso, hacer realidad el «NUNCA MÁS» a las violaciones a los derechos humanos, pedir justicia para los desaparecidos, los que sufren y la libertad de los presos políticos.
Aprobar es para los pueblos indígenas, obligar al Estado a legitimar convenios extranjeros, como el Convenio 169 de la OIT, y pagar una deuda histórica por la recuperación de las tierras usurpadas y su patrimonio cultural.
Editorial Montreal News publicado a través de Pressenza en Montreal, Canadá
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