La maltrecha fórmula de la justicia española -maltratada por los efectos de la pandemia en los juzgados, acosada por la acumulación de vacantes y constantemente mirada de reojo al ciudadano por su proverbial lentitud- sólo necesitó un gran paro para hacer frente al precipicio del derrumbe. Y esto Es exactamente lo que ha ocurrido con las maniobras indefinidas introducidas desde el 24 de enero por los letrados de la dirección de justicia (los antiguos secretarios), que han provocado durante esas 3 semanas la suspensión diaria de unos 10. 000 juicios y perspectivas España (más de 125. 000 en total). ), según recursos del comité de huelga (que agrupa a todas las asociaciones con representación en la profesión, sumando la de marca progresista). Pero no solo: más de 400 millones de euros están inmovilizados en las cuentas de depósito de los juzgados, miles de condenas están pendientes de notificación (a falta de la firma de los letrados judiciales) y la actividad diaria de la tanto los juzgados como los del círculo de familiares o las instancias están casi paralizados.
Pero, como es el caso, el efecto de la huelga se valora a nivel vecinal. Según datos del Ministerio de Justicia, las medidas fueron ligeramente apoyadas por un máximo del 30% de los 4. 200 empleados (el viernes pasado, el 25,61%), un cifra que el comité de huelga lleva entre el 75 y el 84,5%.
¿Qué reclaman aquellos pros cuyo trabajo diario es para el funcionamiento de la judicatura?En primer lugar, un ajuste salarial y su propia negociación colectiva. más de 400 nuevos propósitos “para relevar de trabajo a los magistrados” que no han sido acompañados, deploran, con los correspondientes aumentos salariales.
“Es que tenemos que hacer que los jueces paguen lo mismo. No somos jueces, pero hacemos cuadros cuasijudiciales todos los días, aunque los jueces no necesiten verlo”, Ernesto Casado, presidente del Colegio Nacional. de Abogados de la Administración de Justicia (CNLAJ), dijo a LA RAZÓN. Casado sostiene que hoy la organización recibe en promedio «cerca del sesenta por ciento» de los sueldos de los jueces. porcentaje que -explica- ya asumió el ministerio en la ley de finanzas de diciembre de 2020.
Desde el ministerio que preside Pilar Llop, tienen en consideración que la demanda salarial de los escribanos «no está justificada ni responde a los intereses del servicio público de Justicia». Los recursos ministeriales precisan que entre 2022 y 2024 se construirá en los sueldos de los abogados es del 14,76 % (incluido el 9,5 % que no es inusual para todos los funcionarios públicos).
Según esas mismas fuentes, un registrador recibe en los últimos tiempos «entre el 63,33 y el 83,94% de lo que dicta sentencia o imputa un fiscal», diferencia que justifican por la «diferencia de funciones, responsabilidades» que asumen y por el «tipo de oposición». eso habrá que vencerlo en todos los casos.
«Nosotros hemos parado y los juzgados han parado, y eso demuestra la importancia de nuestros cuadros para el servicio público de la Justicia», responde Casado, que subraya que reclaman «los cuadros que hacemos y nos han pagado durante 13 años». .
Una posición compartida a través de la Unión Progresista de Abogados de la Administración de Justicia (UPSJ). Carlos Artal, miembro de su ejecutiva y uno de los seis miembros del comité de huelga, insiste en que la huelga indefinida se debe a «motivaciones económicas y corporativistas». problemas, que el ciudadano». » Nosotros no estamos pidiendo un aumento de sueldo, porque ya nos lo han concedido en la modificación de los presupuestos», dijo, no fácil de respetar.
“Nosotros no estamos perjudicando al ciudadano, es el ministerio el culpable de su cierre. La acumulación de salarios la identifica este gobierno. Tenemos un acuerdo y nos mintieron. ¿No se dan cuenta o no les importa?
Artal utiliza incluso una carta enviada a través de Pedro Sánchez al comité de huelga en la que reconoce a los abogados como un «equipo imprescindible» de la justicia y muestra su confianza en que las negociaciones den como resultado un «acuerdo razonable y aceptable». Pero, paradójicamente, denuncia, Recién el pasado jueves el Ministerio de Justicia convocó el comité de huelga para la próxima semana, un atraco que -denuncia- supondrá la suspensión de 55. 000 juicios más. Por ahora, se prevé que sean necesarios al menos 4 meses de refuerzos para actualizar los tribunales después de la huelga.
“Hasta ahora éramos invisibles y ahora no”, dijo el portavoz de la UPSJ. Solo estamos ejerciendo nuestro derecho constitucional, no es una huelga política ni contraria a Pedro Sánchez. La evidencia es que como arreglo progresista lo hacemos. “ El gobierno, sea Sánchez o cualquier otro, no respeta los acuerdos con nosotros. Nos cuesta sangre, sudor y lágrimas, pero tenemos que hacerlo. Y vamos a pasar hasta el final”. Por tanto, continuarán las gestiones, que también se realizan a través del Colegio Independiente de Abogados para la Administración de Justicia y la Asociación para la Reclamación de Derechos Profesionales y Adecuación Salarial (Reclamalaj), que para ello ha emprendido acciones legales ante la Comisión Europea. .
Pero el paro, como no puede ser de otra manera, provoca daños colaterales, comenzando por los propios ciudadanos. “No nos da ninguna satisfacción que se estén tomando posiciones las suspensiones y que se detenga la actividad judicial. Hicimos todo lo posible para evitarlo”, dice el presidente del CNLAJ. “Cualquier denuncia habrá que dirigirla al Ministro Llop por no haber tomado cartas en el asunto”.
Los letrados, que han sufrido concretamente por las huelgas, instan a las partes a lograr un acuerdo «cuanto antes». El Consejo General de la Abogacía lamentó hace unos días en un que el caos de los juzgados por la suspensión de miles de de perspectivas hace «perder decenas de miles de horas» a los interesados.