Es significativo que al presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, no le gustara Querétaro. No le gusta el acuerdo existente sobre la Constitución de 1917, y menos aún sus excesos reformistas.
La pluralidad le resulta un obstáculo, porque implica discusión y acuerdo con quienes piensan diferente. Quizás por eso López Obrador es presidente, si contamos a Vicente Fox, con el menor porcentaje de proyectos aprobados en su periodo, al 50%.
Es significativo que Enrique Peña Nieto tenga la medalla por el apoyo legislativo, 65%.
César Alejandro Giles Navarro ha realizado una muy interesante investigación sobre este tema, que puede consultarse en «Las Reformas de la Constitución en la Era de la Alternancia», publicado a través del Instituto Belisario Domínguez, y que se republicó a través del diario El Universal.
Quizás la diferencia radique exactamente en la voluntad de negociar, que en el caso de Peña Nieto significó el Pacto por México, una dura batería de transformaciones, que, en gran medida, resulta ahora una reliquia del pasado.
López Obrador, en cambio, optó por adhesiónes incondicionales que funcionaron, en cierta medida, sólo al inicio de su gobierno, cuando la oposición aún había digerido la magnitud de la derrota que le habían infligido y por eso pasó por la la ley de austeridad y la creación de la Guardia Nacional, aunque con el carácter civil que nunca tuvo.
La nueva lista de enmiendas constitucionales tendrá posibilidades, en el máximo de casos, de ser aprobada por iniciativa, por ahora, porque todo puede ser diferente si Morena y sus aliados obtienen una mayoría calificada en el Senado y la Cámara de Representantes. Parlamento en las elecciones de junio.
Por eso necesita cambiar la estructura del Estado mexicano y poner fin o debilitar los controles y contrapesos que afectan a los derechos de las minorías.
Pretende privar a los jueces constitucionales de la competencia para determinar si las leyes aprobadas por el Congreso son conformes al texto de la Constitución, lo que equivaldría a cortarles la opción de corregir decisiones legislativas que no se ajusten a la ley, como el caso de la energía eléctrica. reforma o, en su momento, un Plan B que habría afectado el curso mismo de la carrera por la presidencia de la República este año.
Siete meses después de dejar el cargo, cuyo mandato finaliza el último día de septiembre, reforma el poder judicial, sometiéndolo a los vaivenes de la política, con el objetivo de que los ministros sean elegidos por sufragio popular, pero seleccionados entre listas que saldrán de el Palacio Nacional, la Corte Suprema y las cámaras legislativas.
Por eso uno de los puntos máximos en las elecciones es exactamente lo que se refleja en la resolución de los ciudadanos en las urnas.
Por ahora, la discusión sobre la relevancia de las propuestas de López Obrador será de campaña, pero también, paradójicamente, de una tendencia a la que el candidato de Morena tendrá que adaptarse.
Contacto: Twitter: @jandradej
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