El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, se ha comprometido este miércoles a reforzar la ley de la cadena alimentaria, que prohíbe que ninguna parte de la cadena de comercio de alimentos pierda dinero en el proceso de venta en relación con lo pagado en el eslabón anterior. En medio de las fuertes protestas y tractoradas que recorren España en protesta por la situación económica y la asfixia administrativa del campo, Sánchez ha prometido también simplificar las gestiones de la Política Agraria Común (PAC) europea, uno de los focos de las protestas. El líder del ejecutivo, no obstante, ha rechazado cualquier propuesta que pase por el «negacionismo climático» y el antieuropeísmo.
Contagiadas de las protestas surgidas en Alemania y Francia y que llegaron a Bruselas la semana pasada, las principales organizaciones agrarias de España han convocado varias marchas por todo el país. Las nuevas exigencias burocráticas de Europa, que interpretan como un excesivo control, para la agricultura ecológica y la adaptación al cambio climático están entre las principales quejas de los manifestantes, que además no están de acuerdo con los precios que los mayoristas, y en especial los grandes supermercados, imponen a muchos de sus productos. Mientras que sus costes de producción y el precio en el supermercado han aumentado, los agricultores no pueden repercutir la inflación en el precio en origen.
En la primera consulta del Pleno del Congreso del año, el presidente respondió a las preguntas de Vox y ERC sobre las protestas agrarias. Ante las críticas vertidas a través de Santiago Abascal, Sánchez confió en que el Gobierno «está con el campo», y que, como Prueba de ello son las reuniones que el ministro de Agricultura, Luis Planas, mantuvo recientemente con otras asociaciones agrarias para analizar la situación del sector.
Asimismo, ha señalado en su discurso que desde 2022 se han desplegado 1. 380 millones de euros en ayudas directas, otros 2. 800 millones de euros para la modernización de los regadíos en España y 4. 800 millones de euros en ayudas a explotaciones agrícolas vinculadas a la Política Agrícola Común (PAC). ). ).
El líder de Vox, Santiago Abascal, criticó en su discurso la política del Gobierno en el sector número uno. Señaló que en los últimos siete años han desaparecido 75. 000 explotaciones agrarias debido a la «competencia desleal» de terceros países, la «burocracia insoportable» en términos burocráticos, la movimientos de un «ambientalista radical» y la «criminalización de su forma de vida». «No se necesita una España de pastores y agricultores, se necesita una España de ovejas a las que puedas mentir a tu antojo», denunció Abascal en su discurso. .
Ya en su respuesta, Pedro Sánchez criticó al líder de Vox por su “fórmula letal” para el sector número uno, que, según él, llega al “negacionista climático” y al “antieuropeísmo”.
Por su parte, la portavoz adjunta de ERC, Teresa Jordà, advirtió al presidente de la falta de medidas estructurales en el sector, el querer ampliar las políticas medioambientales «para» el campo y la pérdida de «centenares de agricultores». hacer ante esta situación tan grave?» preguntó Jordá.
Sánchez aprovechó el tiempo de reacción para explicitar su «absoluta disposición y diálogo» con el campo, así como la actitud de «empatía» por parte del Ejecutivo.
Pero también se ha comprometido a persuadir a las instituciones de Bruselas para que transmitan las “demandas justas” de los agricultores. Finalmente, el presidente se comprometió a fortalecer la ley de la cadena alimentaria.
En Cataluña, el conseller de Acción por el Clima, Alimentación y Agenda Rural, David Mascort, también defendió una consulta de Junts, que lleva 8 años «sobre el lado de los agricultores», una consulta de escrutinio en el Parlament. la Unión Europea ha aprobado otras 196 normativas, el Estado 93 y el Gobierno 18. Aunque afirmó que la Generalitat «puede hacerlo mejor», afirmó que «es innegable que hemos estado al lado de los agricultores y hemos tomado una decisión juntos.