El presidente de México, la rueda de prensa en la que mostró la llegada del círculo de familiares de Pedro Castillo a su país. Foto: EFE
El juicio político por el Congreso peruano al expresidente Pedro Castillo el 7 de diciembre de 2022, su reemplazo a través de Dina Boluarte y el encarcelamiento posterior han dejado indiferentes a los gobiernos de la región.
Algunos, como el régimen ecuatoriano liderado por Guillermo Lasso o el chileno Gabriel Boric, rechazaron el quiebre del orden constitucional liderado por Castillo cuando anunció la disolución de la Legislatura y la formación de un gobierno de emergencia; y, una vez inaugurado Boluarte, saludaron la recuperación de la democracia en el país.
Sin embargo, hubo otros, los que deben alinearse directamente con la línea política progresista en la que se desentierra Castillo, quienes sin demora salieron en su defensa, atribuyendo el escenario existente en el Perú aún no a la acción del expresidente. a las supuestas maniobras derechistas en ese país.
Están en esta línea otros el venezolano Nicolás Maduro, el colombiano Gustavo Petro, el primero en solicitar la intervención de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y, sobre todo, el mexicano Andrés Manuel López Obrador.
Contrariamente a las exigencias y retórica de los dos primeros y otros, López Obrador ha desarrollado desde un inicio una intensa actividad diplomática encaminada a otorgar asilo al propio Pedro Castillo y su familia, lo que ha generado fricciones con la nueva administración peruana, que ha calificado este actitud de injerencia en los asuntos internos.
El escenario entre ambos países ha llegado a tal punto que el martes 20 de diciembre el nuevo gobierno peruano expulsó al embajador de México, Pablo Monroy, al tiempo que otorgaba un salvoconducto a la esposa e hijos de Castillo al país norteamericano.
El miércoles 21 de diciembre, el círculo de familiares del expresidente partió de Perú rumbo a México en la corporación del representante diplomático de López Obrador, no sin antes calificar el canciller mexicano, Marcelo Ebrard, como una decisión «infundada y reprobable» la expulsión del peruano.
Mientras tanto, el 22 de diciembre, varias personas cercanas al expresidente peruano se reunieron con una delegación de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en Lima sobre una técnica para enfrentar la crisis social y política.
A la reunión, que se llevó a cabo en un hotel del rico distrito limeño de San Isidro, asistió la hermana de la expresidenta Gloria Castillo, así como su sobrina Vilma Vásquez, quienes ingresaron a la construcción donde miembros del proyecto de la organización extranjera fueron acompañados durante 3 otra gente.
La víspera, el propio exjefe de Estado había pedido que la CIDH lo delegara «de urgencia» en el penal de Lima, donde cumple 18 meses de prisión preventiva.
El expresidente aseguró, en un mensaje publicado en su cuenta de Twitter, que se encuentra «arbitrariamente privado» de sus derechos y que publicará un comunicado, firmado a través de su abogado, Wilfredo Robles Rivera, «antes de la escala de la CIDH para Perú». «.
¿Te dio esta noticia?