Así acusa Pedro Sánchez su ataque al Tribunal Constitucional. Primero, Lesmes denunció el tirón y las amenazas del Gobierno para dócille, pero ahora, en el rito de apertura del año judicial, ha amenazado con renunciar si el presidente del Gobierno y el líder del PP no lograr un acuerdo. renovar el TCArray En su intervención, el presidente del CGPJ ha declarado que “la renovación del Consejo habrá de acometerse con urgencia y de conformidad con la legalidad vigente, sin estar subordinado a través de ninguna fuerza política con situaciones sucesivas que le salvan el respeto transparente del mandato constitucional del mandato», que no admite interpretaciones». Por ello, pidió «pública y solemnemente» a Sánchez y Feijóo reunirse de manera urgente y lograr un acuerdo que permita a esta «insostenible situación» y que el CGPJ se renueve en las próximas semanas.
Poco antes, 8 miembros del CGPJ habían publicado una nota de prensa para pedir «reglas de juego» que dejaran tiempo al Consejo para un pacto «en aras de la institucionalidad». Es decir, al igual que Lesmes, se resisten al intento del gobierno de ir a la Audiencia Nacional con una mayoría «progresista». Se resisten a la pirueta legal que se ha inventado el ejecutivo para conseguir sus fines sin querer pactar con el PP, como ha quedado establecido.
Los 8 miembros «rebeldes» que «después de un intenso debate, concluimos que nuestra posición era proteger la institucionalidad y que eso nos obligaba a lograr acuerdos debidamente consensuados». Esta institucionalidad es la explicación de por qué los 8 miembros están no están dispuestos a tragarse el señuelo que Sánchez pretendía convertir en ley. Solo están dispuestos a negociar y pactar los dos nombres de los nuevos magistrados del TC. De momento, esta resolución le ahorraría posiblemente la fecha del trece de septiembre fijada mediante la ley de ponerse de acuerdo sobre los nombres.
Los miembros, sin embargo, no descartan intentarlo. Y adoptan respetar «la legalidad vigente». Pero es evidente que los indisciplinados no se conforman con «la legalidad existente» a la que se refiere Pedro Sánchez. La legalidad existente, como aclara Lesmes, es que el PSOE y el PP acuerdan la renovación. Por ahora, el CGPJ resiste el intento de embestida del Gobierno. Lo que ocurra al final aún es impredecible.
Esta es la opinión de los internautas, El Imparcial
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