Uno de los motivos que explican el auge del independentismo en los años del ‘procés’ es la incomparecencia del Gobierno central en Catalunya. La postura inmovilista de Mariano Rajoy dejó la vía libre a los partidos independentistas para difundir casi sin réplica su discurso desde las instituciones públicas (Generalitat y ayuntamientos) y otros entes, organismos y la misma sociedad civil, hasta lograr que se considere hegemónica la postura independentista pese a que los ciudadanos que le dan apoyo no alcanzan la mitad de la sociedad catalana. A partir de octubre del 2017, la conjunción de las cargas policiales del 1-O y la judicialización del conflicto ha facilitado la difusión de un discurso que describe una España indiferente, cuando no abiertamente hostil, a las demandas catalanas. Con buen criterio, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha decidido cambiar esta estrategia basada en la ausencia que se ha demostrado no solo errónea, sino perniciosa.
Si en su reunión con Torra del jueves Sánchez presentó un documento de 44 puntos con propuestas para profundizar el autogobierno, este viernes firmó con la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, un acuerdo de colaboración de tres puntos que incluye recuperar el convenio sobre la capitalidad cultural y científica de Barcelona y la convocatoria de la comisión de colaboración interadministrativa. La capitalidad cultural es una herramienta de financiación prevista en la carta municipal que estuvo en vigor del 2006 al 2011 y que fue eliminada por el Gobierno de Rajoy. La comisión interadministrativa (tripartita, entre Gobierno, Generalitat y ayuntamiento) no se convoca desde el 2011.
Ante Colau, Sánchez habló de cocapitalidad y coliderazgo, conceptos de inspiración maragalliana que son más que bienvenidos en una ciudad que, como dijo Colau, ha perdido una década. Este tiempo malgastado no cabe atribuirlo solo a la indiferencia del Gobierno del PP –concentrado en la configuración del Gran Madrid como capital política, económica y cultural de España– sino en los efectos del ‘procés’, que Barcelona ha pagado con pérdida de peso empresarial, parálisis institucional, daño de imagen internacional y merma de impulso. La historia reciente indica que para la capital catalana es beneficioso que las tres administraciones remen en la misma dirección, conscientes de que lo que es bueno para Barcelona, lo es también para Catalunya y para España.
La apuesta de Sánchez de jugar la partida al independentismo en su terreno es coherente con la idea de que Catalunya es más plural que el proyecto soberanista. Ya en la negociación de investidura con ERC la presencia del PSC simbolizó que Catalunya estaba presente en ambos lados de la mesa. La negociación política imprescindible para solucionar el contencioso catalán pasa por el diálogo entre el Gobierno central y el independentismo, pero también por que el Ejecutivo presente una opción a los catalanes y por el reconocimiento del carácter plural de la sociedad catalana. Parece que Sánchez ha aterrizado en Catalunya para quedarse.