Pedro Sánchez entró ayer en escena para liderar la ofensiva política que su Gobierno ha puesto en marcha para tratar de embridar la crisis del sector agrario desatada por los bajos precios que perciben los agricultores, mientras coge fuerza la respuesta en la calle con un calendario de movilizaciones que amenaza tormenta si desde el Ejecutivo central y en la Unión Europea no se adoptan soluciones eficaces en tiempo y forma. Gestiones y diálogo son las recetas para intentar aminorar el temporal que se avecina, puesto que las organizaciones agrarias, pese a reconocer que los tiempos de la política, y los legislativos, no son de hoy para mañana, mantienen su hoja de ruta de protestas.
Precisamente, el presidente del Gobierno aprovechó ayer su viaje a Bruselas para trasladarle al presidente del Consejo Europeo, Charles Michel, que España defenderá la necesidad de dotar con partidas “fuertes” la Política Agraria Común (PAC) y la de Cohesión en los próximos presupuestos comunitarios para el periodo 2021-2027, durante una negociación que presume será tensa pero en la confianza de que culminará en un acuerdo en la cumbre extraordinaria de líderes de la UE del 20 de febrero. “Son objetivos ambiciosos en una negociación que empieza ahora, que se adivina que va a ser larga, tensa, compleja”, dijo Sánchez a la prensa en Bruselas, en declaraciones que recoge Europa Press.
España, explicó, participará en estas negociaciones con una actitud constructiva pero también firme. “Necesitamos unos presupuestos ambiciosos, no sólo en cuanto a los objetivos sino también con el respaldo presupuestario detrás de esos objetivos ambiciosos”, subrayó para señalar los fondos de Cohesión y la política agraria como las líneas rojas para España. El nuevo presupuesto de la UE genera aún división ente los 27 países miembros a once meses de su aprobación. La prioridad de España es que, como mínimo, se mantenga el presupuesto actual de la PAC y, además, que no se recorten los fondos de cohesión.
Sánchez también lazó un mensaje a las grandes superficies de distribución, horas antes de que su ministro de Agricultura, Luis Planas, comenzara la ronda de encuentros con ellas para abordar la reforma necesita d de la cadena alimentaria. El presidente del Gobierno les piden que hagan examen y autocrítica por la caída de los precios agrarios y les advierte de la necesidad de introducir una mayor transparencia en la cadena. También recalcó que es “absolutamente inaceptable” que el sector vea día adía cómo los precios “bajan, bajan y bajan”. Igualmente subrayó el papel que tienen las grandes superficies en la formación de los precios.
El titular de Agricultura mantuvo ayer una primera reunión con una de las grandes superficies, Carrefour y esta mañana afronta otra reunión complicada en el primer encuentro con las organizaciones agrarias Asaja, UPA y COAG con la crisis específica del aceite de oliva sobre la mesa de diálogo agraria. Las organizaciones quieren la reforma de la cadena alimentaria, comprometida ya por el ministro, y poner coto a los precios con las grandes distribuidoras, a lo que califican de abusos y a cortar de raíz las ventas a pérdidas, entre otras medidas. Luis Planas pidió ayer un esfuerzo a la sociedad para conseguir mejores precios para los agricultores, así como “un mayor reconocimiento social” a su labor fundamental para la economía.
Las grandes distribuidoras también se han pronunciado. ACES, organización que agrupa a Carrefour, Lidl y Eroski, ha advertido de la “desinformación que, a su juicio, hay sobre los precios de los productos. “La opinión pública debe ser consciente de que cada operador que interviene en la cadena aporta un valor al producto”, dice su presidente, Aurelio Pino. Asedas, asociación en al que están Mercadona y Día, entre otras, dice compartir la preocupación de los agricultores y se aboga por el diálogo para buscar soluciones. Advierte de que no deben encarecerse los precios de los alimentos y que el consumidor no es el culpable de los errores de la cadena.
El Movimiento Andaluz en Defensa de las Pensiones Públicas (MADPP), mostró, a través de un comunicado, su solidaridad con el olivar andaluz, “que en los últimos años está sufriendo las consecuencias del descontrol que el neoliberalismo impone desregulando los mercados y permitiendo que la grandes distribuidoras impongan su ley a los pequeños productores”; así, exigió a la Unión Europea y al Gobierno español “que den un trato justo a la producción agrícola para que esta sea rentable”. Según el colectivo, “el problema del campo no es la subida del salario mínimo, como algunos están interesados en hacernos creer” y, aunque apoya esta clase de mejoras salariales y laborales, señala “la mala regulación de las subvenciones, los abusos de las grandes distribuidoras, el trato discriminatorio de la Unión Europea y la necesidad de profesionalizar el sector” como algunos de los principales males del sector agrícola. Por ello, el movimiento “apoya plenamente a los pequeños propietarios y trabajadores de un sector como el agrícola, que es fundamental para la riqueza de Andalucía” y considera que “sus justas necesidades no se pueden confundir con los intereses de los grandes propietarios y las empresas distribuidoras”.
El diputado nacional y presidente provincial del PP jiennense, Juan Diego Requena, exigió al ministro de Agricultura, Luis Planas, y al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez que “dejen de mirar para otro lado y de dar largas a los agricultores”. Según el responsable popular, “no es el momento de seguir alargando esta situación, sino de adoptar soluciones de forma inmediata y de plantear otras medidas a medio y largo plazo”. En este sentido, Requena recordó las iniciativas registradas en el Congreso por su grupo “que tienen como finalidad dar soluciones inmediatas al sector agrícola de nuestra provincia”. Para el popular, “sólo queda que el Gobierno de socialistas, comunistas e independentistas quieran ocuparse de ayudar al campo jiennense”.
Desde el PP, además, recordaron “el silencio cómplice de los socialistas jiennenses y del presidente de la Diputación de Jaén, Francisco Reyes, que no fueron capaces de levantar la voz el año pasado, y este año van por el mismo camino”. Al respecto, Requena manifestó: “Esperemos que los diputados y senadores socialistas tengan dignidad política y, con permiso o sin él de su jefe provincial, levanten esta vez la voz para que el Gobierno rebaje ya el IRPF”.
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