Una organización de 70 organizaciones e instituciones ambientales y territoriales, como la Federación Nacional de Trabajadores Ambientales, emitió declaraciones públicas en referencia a los acuerdos firmados entre la Oficina de Gestión de Proyectos Sostenibles (GPS), creada a través de Piaera en 2018, y el Servicio de Evaluación Ambiental (MAR).
En la primera declaración, firmada a través de equipos sociales de todo el país, declara que «en 2018, como componente de la agenda proinversión, el presidente Sebastion Piaera ha creado mediante decreto la Oficina de Gestión de Proyectos Sostenibles (GPS), bajo el Ministerio de Economía. El objetivo declarado de esta iniciativa es racionalizar la aprobación y el procedimiento de aprobación para proyectos de inversión priorizados por el gobierno.
Las organizaciones acusan a los proyectos apoyados a través de este lugar de trabajo de haberse librado hasta ahora del concepto de sostenibilidad «que descubrimos proyectos como Mina Invierno, Mina Los Pelambres, el Centro de datos de Google y la extensión de la presa talabre».
Ahora, agrega, «a pesar de una crisis climática, física y económica que nos obliga a pensar en otras tácticas para acercarnos a la naturaleza, las pinturas de la Oficina de GPS muestran la terquedad del gobierno con un estilo de progresión que ha alcanzado su límite : tendremos que evitar la destrucción de los ecosistemas y la contaminación de los territorios «.
En este sentido, presionaron que «un punto absolutamente reprobable en la forma en que opera la Oficina de Gestión de Proyectos Sostenibles es su datación con la Evaluación Ambiental de los proyectos que apoya. Primero, los propósitos de GPS como la secretaría ejecutiva de un Comité Asesor de Proyectos, compuesto por subsecretarías de otros departamentos que luego deberán participar en la calificación ambiental de los mismos proyectos, eliminando cualquier opción de imparcialidad «.
«En segundo lugar, la Oficina GPS ha traspasado sumas de hasta $92 millones al Servicio de Evaluación Ambiental para facilitar la tramitación de los proyectos que patrocina, ejerciendo una influencia que es a todas luces ilegítima. Esto ha quedado recientemente en evidencia, a propósito de la evaluación del proyecto Los Bronces Integrado, de la compañía Anglo American, donde una profesional contratada a honorarios por el SEA con dineros provenientes del Ministerio de Economía, coordinó las reuniones de lobby del titular con los órganos de la Administración del Estado que participan en la calificación ambiental del proyecto», afirma la declaración.
«Esta práctica, que viola los espacios de acción de las agencias de institucionalidad ambiental y está en desacuerdo con la probidad, al priorizar los intereses personales sobre el interés público, resulta inaceptable para nosotros. Nos enfrentamos a un gobierno que ha asignado un presupuesto público para facilitar el procesamiento de los proyectos que tienen un efecto sobre los bienes comunes y la salud de las personas, ignorando la igualdad ante la ley «, dice el texto.
Finalmente, los equipos ambientales y territoriales han advertido que esas prácticas «deslegitiman aún más el medio ambiente tienen un efecto en el sistema de evaluación, erosionando su correcto funcionamiento, cuyo objetivo tendrá que ser la promoción de una progresión sostenible y la efectiva salvación de lo significativo. Hacemos un llamado a la Cámara de Diputados para que establezca sin demora una comisión de investigación para monitorear este escenario y evitar que continúe.
Trabajadores ambientales
La posición de la Federación Nacional de Trabajadores del Medio Ambiente similar. En su declaración, que detallamos a continuación, rechazaron cualquier intento a través de alguna otra empresa pública o personal de interferir en el servicio de evaluación ambiental.
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