El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, se reunirá este jueves a mediodía con Quim Torra en el Palau de la Generalitat. Pocas son las expectativas de grandes resultados tanto por parte de Moncloa como de Presidència de la Generalitat. Y, en cambio, muchos son los elementos para parecen conspirar para que fracase e impida avanzar en el proceso de diálogo para solucionar el conflicto catalán: las dudas sobre si Torra puede seguir siendo ‘president’ tras haber sido despojado del acta de diputado, la figura del mediador que el Govern ha vuelto a poner sobre la mesa y, sobre todo, la rivalidad entre JxCat y ERC, que es el partido con el que hablan el Gobierno y el PSOE, acentuada por el anuncio de Torra de que convocará elecciones en cuanto tenga aprobados los presupuestos.
Precisamente, para calentar el clima previo a la reunión y de paso radicalizar su oposición a Pedro Sánchez, el PP ha presentado este miércoles su querella contra Torra por un presunto delito de usurpación de funciones. La querella, presentada ante el TSJC, considera que la continuidad en la actuación delictiva de Torra, asumiendo funciones que no le corresponden, “perjudica gravemente” los intereses de todos los catalanes y de España como nación. Una actuación que, a juicio del PP, provoca además una “grave perturbación” del orden constitucional ya que las funciones que sigue ejerciendo “ilegalmente” son las de presidente de la comunidad autónoma, el máximo representante del Estado en Cataluña.
Los populares argumentan esa ilegalidad en el ejercicio del cargo, que conllevaría la usurpación de funciones, en base al artículo 67.2 del Estatut que, según la interpretación de los letrados del Parlament, establece no solo que el presidente de la Generalitat debe ser elegido entre los miembros de la cámara sino también que la pérdida de la condición de diputado conllevaría también la del cargo de jefe del Ejecutivo autonómico. Aunque un letrado del Parlament matizó el martes esta tesis, la postura del equipo jurídico ha quedado claramente recogida en su primera versión del recurso al Supremo: “La condición de diputado es (…) requisito necesario para ser Presidente de la Generalidad y, a pesar de que la norma no lo diga expresamente, es posible interpretarla en el sentido que esta condición no solo actúa en el momento de la elección, sino que ha de mantenerse mientras se desarrolle el cargo”.
El caso es que el PP solicita adoptar las medidas cautelares necesarias para que “tan grave perturbación del orden constitucional no continúe por más tiempo” y se termine con una “falsa apariencia de legalidad” por parte de Torra que, según el PP, actúa “de manera consciente, deliberada y dolosa”. “Se sitúa al margen de la Constitución y manifiesta con absoluta jactancia que pretende continuar hasta el final en tan ilícita conducta, con desprecio absoluto por el cumplimiento de la ley”, denuncia el PP en su escrito.
Y al hilo de la querella, el líder del partido, Pablo Casado, ha aprovechado para solicitar “formalmente” a Sánchez que suspensa su reunión con Torra por “seguridad jurídica” y porque supondría instalarse en la “ilegalidad”. En la jornada inaugural del Congreso Nacional de la Distribución de la Automoción, Casado ha asegurado que si Sánchez se reúne con Torra, que “ya no es presidente”, entonces manda un mensaje “perverso” a los ciudadanos de que “no cumplan con sus obligaciones fiscales o con la velocidad en las carreteras”. Y en una nueva vuelta de tuerca, ha advertido de que este tipo de comportamientos afectan a la “certidumbre que cotiza en Bolsa” y a la “imagen de país” de España.
Desde que se puso en marcha el Gobierno de coalición entre el PSOE y Unidas Podemos, ha quedado claro que Casado no va a darle ni un respiro, aunque él no tenga ningún plan para Cataluña que no pase por la ‘mano dura’ del 155. Torra, Puigdemont y su partido, JxCat, persiguen lo mismo aunque por razones bien distintas. Por eso no dejan de poner palos en las ruedas, elevando el listón hasta demandas inasumibles como el referéndum de autodeterminación o poniendo sobre la mesa figuras que ya fueron un fiasco en el pasado como la del mediador, que fue precisamente la propuesta que dinamitó el diálogo en la anterior legislatura aunque entonces se le llamó ‘relator’.
Lo previsible es que Torra pretenda sacar el tema, como admitió el martes el portavoz de los posconvergentes en el Senado, Josep Lluís Cleries. Por su parte, la portavoz del Govern, Meritxell Budó, no descartó cuando se lo preguntaron aunque tampoco aportó demasiadas precisiones. “El Govern siempre ha apostado por un diálogo sin vetos y con garantías (…), pero como Gobierno no hemos establecido cuál es el mecanismo que garantice precisamente el cumplimiento de los acuerdos que se produzcan en la mesa de negociación”, dijo en la rueda de prensa posterior al Consell Executiu. Budó aclaró que la figura del mediador “es una propuesta de una de las formaciones que apoya al Govern”, en referencia a JxCat, pero que como gobierno “todavía no está consensuada”.
Mesa de negociación y miedo al sabotaje de Torra
Sánchez, en cambio, no quiere ni oír hablar de ello. En la rueda de prensa celebrada tras la reunión del Consejo de Ministros del pasado martes se lo preguntaron a la portavoz, María Jesús Montero. “No contemplamos ninguna otra cuestión que la mesa de diálogo”, se limitó a responder en alusión al pacto que cerraron los socialistas con ERC para que los diputados republicanos facilitaran la investidura de Pedro Sánchez.
La ministra, por cierto, rebajó bastante las expectativas de cara al encuentro y lo ha vuelto a hacer este miércoles, en declaraciones a Antena 3. Ha reconocido que el Gobierno “no es ingenuo” y que no espera resultados de esta primera reunión entre el jefe del Ejecutivo y Torra. Ha añadido que se trata de encontrar “un punto de encuentro” para buscar “una solución política” para los ciudadanos. “Nos sentamos en una mesa de diálogo sabiendo que Torra está en las antípodas de nuestro pensamiento. Y ha aclarado que la cosa va para largo: “Tendremos que estar muchas horas para encontrar los puntos que nos unen”.
De momento, el Gobierno central ya se ha llevado el primer chasco: el vicepresidente y responsable de la Hacienda catalana, Pere Aragonés, no acudirá a la reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera que Montero ha convocado para el viernes para comunicar a las comunidades la nueva senda de estabilidad con los objetivos de déficit y deuda pública comprometidos con Bruselas.
Para lo que ha de servir el encuentro entre Sánchez y Torra es para dar paso a la reunión de la mesa de negociación que pactaron republicanos y socialistas. Tampoco sobre esto quiso dar detalles la portavoz del Ejecutivo, pero el cara a cara entre los presidentes era la condición previa para constituir esa mesa que debe buscar soluciones al ‘conflicto político’ catalán. La cuestión es que hay cierto miedo a que Torra quiera perjudicar a sus actuales socios de Govern y futuros rivales en las urnas y haga todo lo posible por frustrar el diálogo Gobierno-PSOE-ERC.
Uno de los que han expresado sus recelos es el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page. “Las expectativas por parte del Gobierno pueden ser buenas, pero Torra está en trampa de salida, por tanto me temo que realmente, y ojalá no sea así”, el presidente de la Generalitat “pretende intervenir e interrumpir el debate abierto entre el Gobierno, el PSOE y ERC”, ha dicho. A su juicio, “esa sería su intención y sería grave para Cataluña y para el conjunto de España”.
A la espera de saber con qué actitud acude Torra a la cita, Carles Puigdemont ya ha reclamado a Sánchez que se compromete a aceptar “un referèndum de autodeterminación”. “Sería un compromiso con el que las dos partes saldrían beneficiadas”, ha asegurado el ‘expresident’, en declaraciones a los periodistas mientras acompañaba a su exconsejera y compañera de partido Clara Ponsatí a recoger su acreditación como eurodiputada.