La reforma fiscal del Gobierno de coalición queda aplazada hasta que la economía haya recuperado el nivel que tenía antes del fuerte impacto recibido en la pandemia. Así lo avanzó ayer el presidente Pedro Sánchez durante su comparecencia en La Moncloa para hacer balance de gestión al cierre del curso político, donde admitió además que hasta 2023 esa «consolidación» económica no se habrá producido. Según explicó, la recuperación tomará un ritmo mayor en 2021 y se acelerará en 2022, gracias al impulso de las ayudas europeas, pero no será hasta un año después cuando se recuperará la realidad económica previa a la crisis. «En ese momento tendremos ya las garantías y el contexto para abordar una necesaria reforma estructural», apuntó.
Según Sánchez, es necesario realizar «cambios impositivos con justicia. Necesitamos tener una recaudación mucho más sostenible y estable a lo largo del ciclo económico» pues, reconoció, España se enfrenta ahora a cifras «enormes» de déficit y deuda públicos tras haber sostenido a empresas y trabajadores durante la pandemia. No dudó Sánchez en lanzar un dardo al PP: «Mira que hay gente a la que le gustan las reformas estructurales, pero cuando se habla de la fiscal, entonces no les gusta, pero tenemos que hacerla», dijo.
El tono del presidente se volvió más amable, sin embargo, al hablar de los próximos Presupuestos Generales del Estado, para cuya tramitación sí que pidió el apoyo de todos los partidos del arco parlamentario. «Que arrimen el hombro», remarcó. «Cuando se trata del interés nacional, aquí no hay límite de aforo; todos son bienvenidos», dijo.
Además, Sánchez avanzó que en los próximos meses se renovarán las políticas activas de empleo, se seguirá negociando la extensión de los expedientes de regulación temporal de empleo (ERTE) como alternativa al despido y se impulsará y consolidará el diálogo social como garantía «necesaria e imprescindible» de estabilidad que precisa España. Este mismo mes de agosto está previsto de hecho que la comisión tripartita que trabaja en la negociación de los ERTE se vuelva a reunir.
Por otro lado, el Presidente anunció que lanzaría un plan de inversión en infraestructura que cerrará la red de Cercanas y cerrará los corredores ferroviarios bajo una estructura como el corredor Mediterráneo o Atlántico. También presionó para que el plan de vivienda de Curhire se reestructurara para concentrarse en dos espacios de acción: la estructura de apartamentos «asequibles» de alquiler y la promoción de la rehabilitación. Según lo que dijo, el ejecutivo ya está ejecutando un plan de rehabilitación de viviendas de dos años que movilizará una inversión pública y personal de alrededor de 2,000 millones de euros y generará 221,000 empleos. Con esto, el objetivo es aumentar el número de apartamentos renovados en España hasta 4 veces al año.
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