El Gobierno obtuvo ayer el «sí» de Cs a la sexta prórroga del estado de alarma, que se vota hoy, a pesar de los recelos de sus socios de investidura PNV y ERC, ) y ya piensa en aplicar la fórmula del pacto a varias bandas para sacar adelante los presupuestos de la reconstrucción.
El ministro de Consumo, Alberto Garzón, no ocultó su satisfacción: «es muy buena noticia que empecemos a abandonar las trincheras que se han estado tejiendo en los últimos años que nos han llevado a una política hostil, de hipérboles discursivas, de exageraciones y de crispaciones que cala en la sociedad». Garzón, de Unidas Podemos, admitió que sentiría «cómodo» en un pacto con Cs para aprobar las próximas cuentas.
No obstante, el Ejecutivo de Pedro Sánchez no descuida a quienes tiene por sus socios «prioritarios». La titular de Hacienda y portavoz del Ejecutivo, María Jesús Montero, aseguró que los distintos acuerdos alcanzados con ERC, PNV y Cs son «todos compatibles entre sí». Pero no se privó de recordar a unos y a otros que, dada la fragmentación parlamentaria, la «nueva política» debe ser un «ejercicio de acuerdo permanente» con partidos distintos entre sí.
Las palabras de Montero llegaban después de que ERC y el PNV admitiesen sus reticencias con el acuerdo alcanzado con Cs. Fuentes de Esquerra dijeron que el pacto responde a «puro tacticismo» y no afecta a lo que acordaron republicanos y socialistas, aunque advertían que, si Sánchez no cumple con lo acordado con ellos, «se acaba la legislatura».
El presidente del PNV, Andoni Ortuzar, había admitido a primera hora su inquietud y considerado «confuso» el pacto con Cs, defendiendo lo que llamó una «mínima coherencia en política» y anunciando que iba a consultar al Gobierno si era «contradictorio» con lo firmado con su partido. Pero el portavoz del Gobierno vasco, Josu Erkoreka, estimó que lo pactado con los naranjas era «conciliable» con lo acordado con los nacionalistas vascos. El portavoz adjunto de Cs en el Congreso, Edmundo Bal, afirmó que su partido evita con el acuerdo que PNV y ERC puedan obtener una «ventaja injusta» en determinados territorios.