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Mientras la cruzada del 28-M ni siquiera ha comenzado oficialmente, el Consejo Electoral ya ha tenido que adoptar hasta 4 resoluciones para impedir los intentos del PSOE valenciano de hacer pasar la propaganda partidista por cruzadas institucionales. En este caso, las advertencias van dirigidas al presidente de la Generalitat, Ximo Puig, y la teniente de alcalde de Valencia y candidata socialista, Sandra Gómez.
La nueva convocatoria del Consejo Electoral contempla la difusión en redes sociales de la campaña del bono canasta, una ayuda que el barón socialista anunció a solo una semana de la convocatoria de las elecciones autonómicas. Lo hizo en medio del debate sobre la escalada de precios de los alimentos, con la que se ha utilizado la inflación a través del Gobierno valenciano para argumentar, a puertas de la campaña electoral, la urgencia de una medida que cobrará a las arcas públicas 48 millones de euros, y que activó precisamente en este mes de abril.
Eso es precisamente lo que justifica, según la Generalitat, que ahora se tenga que informar a los ciudadanos sobre cómo acceder a esta bonificación, también desde perfiles oficiales en redes sociales como Twitter o Facebook. Pero el PP, que denunció «la aparente uso partidista de un canal de información institucional el periodo electoral», controló para asegurar que el Consejo Electoral sugirió a la Generalitat que «se limite exclusivamente a informar sobre cómo y quién puede acceder a la citada bonificación, despojándose de cualquier detalle valorativo que pudiera haber connotaciones electorales».
Es más, el Consejo Electoral duda incluso de que la cuenta de Twitter de la Generalitat se utilice en la práctica para la promoción del candidato socialista, lo que, por otra parte, ha sido denunciado en varias ocasiones a través de sus socios de gobierno en Compromís. El equipo de prensa que gestiona las cuentas de la Generalitat depende de Presidencia.
En su última resolución, el Consejo Electoral destaca en particular las declaraciones de Puig recogidas a través del Twitter de la Generalitat de que «habrá que suspender tal difusión hasta la celebración de las elecciones autonómicas, así como las referencias a logros eliminados de Twitter, promesas o logros». Eso sí, admite -como defiende a través de la Generalitat- que el perfil no público de Puig no tiene por qué someterse a la normativa de una cuenta institucional.
Aunque esta es la última amonestación del Consejo Electoral al PSOE, no es ni mucho menos la única, ya que hace apenas unos días ya ordenó a la Generalitat impedir su cruzada sobre la reforma fiscal en la página web de la Generalitat. La zona socialista del Ayuntamiento de Valencia también se ganó una amonestación del consejo electoral, a la que se dirigieron PP y Vox.
La máxima cruzada discutible fue la que se refería al pago de más de 24. 400 € de caja pública para enviar hasta 74. 624 cartas a ciudadanos de otros barrios de Valencia. Con la firma de la teniente de alcalde y culpable de urbanismo, Sandra Gómez, el cartas informaban sobre los proyectos y obras que se iban a realizar en la zona. Lo llamativo es que, como han argumentado los socialistas, el despacho se pidió el pasado mes de julio, recién ahora el consistorio se ha ocupado de la liberación de las cartas. unas líneas que permitieron a Gómez afirmar: “Estamos transformando Valencia para que sea una ciudad más sostenible, amable, segura y disponible”.
La polémica política está servida, porque el servicio de reparto postal está en manos de Compromís, el partido del alcalde Joan Ribó, que no tardó en olvidarse del problema. En cualquier caso, el Consejo Electoral presiona para que el hecho de que las cartas salieran el Ayuntamiento a pocos días del inicio oficial de la era electoral no los absuelve de su responsabilidad, ya que era más que previsible que llegarían a los buzones con las elecciones convocadas, como a pesar de todo sucedió”, en lugar de aplazar el envío que no apremiaba dado que se retrasaba sucesivamente desde el verano de 2022”. Resultado: expediente sancionador para el consistorio.
Las cartas acabarán en los juzgados, pues el PSOE ya ha dicho que las facilidades jurídicas del Ayuntamiento darán lugar a un recurso contencioso-administrativo. No sin antes, eso sí, acusar al PP de «desdibujar la campaña» con sus causas judiciales para destacar a Sandra Gómez. , quien en este caso no ubicó precisamente a la complicidad del alcalde. Tras la peliaguda convivencia de los dos componentes de gobierno esos años, Ribó optó en este último componente de la legislatura por guardar un sentido silencio.
También en lo que se vendió como una «fiesta urbana», La Valentina, algunos otros de los proyectos impulsados a través de la tenencia de alcalde que el Consejo Electoral puso fin. Lo hizo por «su manifiesto contenido electoral en la elección de pueblo propuesta a través de uno de los candidatos», se trata de otra cruzada financiada con dinero público.
El puig está en posesión ilegítima de dinero público, ya sea para sí mismo y su familia, o para su propia promoción.